En primer lugar, debemos mantener una posición de prudencia puesto que no conocemos el texto concreto de la proposición de ley. En el estado embrionario en que se encuentra, se debe comprender que el conocimiento y análisis de los textos normativos, más en una actividad regulada como esta, resulta fundamental para emitir un juicio sobre la misma.

Sobre lo que conocemos, conviene reseñar que la actual Ley del Juego data del año 2006 y hasta ahora se han ido produciendo algunas modificaciones puntuales en años posteriores.

Desde el año 2006, en la actividad del juego se han producido cambios notables. La aparición de las apuestas deportivas y la irrupción del juego online han sido los dos grandes hitos que podríamos señalar. Estos nuevos juegos han venido acompañados de una gran intensidad mediática y publicitaria, al igual que los juegos públicos de ONCE y SELAE, a quienes además, se ha excepcionado del decreto de publicidad del Gobierno de España.

Ante estas circunstancias, resulta normal que el Gobierno de Navarra proponga modificar una norma que precisa de una adaptación a estos cambios y a las nuevas modalidades de juego presentes en el mercado.

La participación empresarial en la tramitación de esta norma, junto con los demás colectivos afectados por la misma, está siendo importante. ANESAR-Navarra participó en el Parlamento de Navarra con una intervención que trató de ser didáctica y pedagógica. Entre otras cosas se explicó la diferencia entre unos establecimientos de juego y otros para indicar claramente que un salón de juego -gestionados por empresas locales que llevan 40 años conviviendo con la sociedad navarra-, no es una casa de apuestas, ni viceversa.

Se pudo demostrar también que la ubicación de los locales de juego no responde a criterios de periferia o barrios más desfavorecidos, mostrando el dato de que el 77% de los salones de juego de Pamplona se sitúan en barrios de rentas altas y medias. Se explicó también que desde hace muchos años en Navarra se establece una distancia de 400 metros entre locales de juego, lo que ha evitado, al contrario que en otras comunidades autónomas, la concentración de los mismos.

También la Policía Foral intervino en estas ponencias y dejó constatado que en todas las inspecciones realizadas no había sido detectada la presencia de menores de edad en establecimientos de juego, lo que demuestra el grado de cumplimiento de la normativa por parte de empresas y trabajadores, a quienes se les forma continuamente en el desempeño de sus competencias.

Todo esto nos lleva a afirmar que en Navarra, desde hace años, existe una normativa de juego que es capaz de equilibrar la protección eficaz a los colectivos vulnerables con la necesaria seguridad jurídica que precisan las empresas para ejercer su actividad, y que esta normativa precisa ahora de los necesarios ajustes y cambios necesarios para la adaptación a los nuevos tiempos.

Así parece haberlo entendido también el informe de la “Ponencia para abordar la regulación en Navarra de las casas de apuestas” del que parten los postulados para esta modificación legal, al indicar que se “ha centrado su trabajo en las apuestas, uno de los juegos de titularidad privada presentes en Navarra. No se incluyen, por lo tanto el juego del bingo, los juegos desarrollados mediante máquinas con premio programado, las rifas, tómbolas y combinaciones aleatorias”.

Esperamos que la norma que finalmente se publique siga estos postulados y a su vez pueda ayudar a la protección de los colectivos más vulnerables, pero también al mantenimiento del sector legal y autorizado que representamos, a sus puestos de trabajo y a los impuestos que se ingresan en la Hacienda foral.

Carlos Gallués Goñi Vicepresidente de ANESAR- Navarra (Asociación Española de Empresarios de salones de juego y recreativos)

Nos alegra saber que el Parlamento de Navarra va a dar un nuevo impulso a la modificación de la Ley de Juego en Navarra, y cumplir el compromiso de abordar esta cuestión en la presente legislatura. Toca, o quizá deberíamos decir que urge, darle un buen repaso a una ley que ha quedado obsoleta, simplemente porque desde su aprobación en 2006 es mucho lo que ha cambiado.

Para empezar, la legalización en 2011 del juego online, frente a “los clásicos” espacios de juego, como el bingo o las máquinas tragaperras en los bares. Irrumpe un nuevo modelo de relación con el juego, sin horario, en solitario y a un clic. Un fenómeno que ha ido a más, en la medida que hemos incorporado las pantallas a prácticamente todos los aspectos de nuestra vida, y que la reciente pandemia no ha hecho sino agudizar.

El propio Instituto de Salud Pública de Navarra señala en uno de sus informes que la inmediatez y facilidad de acceso recorta el tiempo desde que las personas se inician al juego hasta que desarrollan una adicción. En este nuevo contexto, los y las menores, cada día más expuestos a pantallas, presentan mayor riesgo y vulnerabilidad. Según la última encuesta sobre alcohol y drogas en España, en la franja de 14 a 18 años, la edad media de inicio al juego con dinero está en 14,6 para presencial y una décima por encima en el online. Otro dato: en 2021, el 63% de las personas incorporadas a la asociación tienen menos de 35 años.

Desde nuestro punto de vista, la nueva ley ha de ir enfocada a la prevención y la protección de las personas menores de edad, más que a establecer medidas sancionadoras para ellas, aunque no estamos en contra de que se contemplen.

El texto que se anuncia parece ser que recoge gran parte de las conclusiones de la ponencia parlamentaria que durante algo más de año y medio, hasta junio de 2021, trabajó para abordar la regulación en Navarra de las casas de apuestas. Incluye medidas que desde Aralar hemos defendido, como la prohibición de patrocinio de empresas de apuestas a clubes deportivos, la limitación de horarios de emisión de la publicidad, la prohibición de la venta de alcohol en los locales, o la activación por control remoto de las máquinas de juego en hostelería.

Aplaudimos estos avances, sin embargo, corremos el riesgo de que el texto se quede “corto”.

La ley ha de ser mucho más ambiciosa. Recordemos que Navarra tiene competencias para adoptar medidas limitativas sobre el juego y la protección de la infancia y la adolescencia, e incluso para prohibir las máquinas de apuestas en los establecimientos de hostelería, en los que, según los últimos datos de la Dirección General de Juego, del Ministerio de Consumo, hay instaladas 1.351 máquinas tragaperras y 850 de apuestas deportivas.

En 2013 el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que evaluara la posible interoperabilidad entre los registros nacionales de autoexclusión al juego, que introdujera medidas de sensibilización sobre los riesgos de adicción y estudiara la posibilidad de aplicar controles obligatorios de identificación para el acceso al juego. Estos últimos, desde nuestro punto de vista, son fundamentales, especialmente en el caso de menores de edad, y cumplirlos es responsabilidad de las empresas de juego.

A estas medidas, Aralar añade la eliminación de la información sobre productos financieros y de crédito que, a menudo, se ofrecen en los propios locales, con el único fin de que las personas sigan jugando, o desincentivar los premios a través de un aumento de los impuestos a los mismos. Tenemos la oportunidad de hacer entre todos y todas una buena ley. No la desaprovechemos.

Raquel Pardo del Burgo Presidenta de la Asociación de Ayuda y Prevención de la ludopatía en Navarra