Hace unos días encontré una noticia publicada en Facebook que denunciaba la falta de gestión de un bloque de viviendas entre las calles Castillo de Maya y Paulino Caballero, dos calles céntricas del segundo ensanche de Pamplona, propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social. “Mientras la administración promueve medidas para los propietarios de viviendas desocupadas, un edifico de propiedad pública con 23 viviendas en dos portales se ha ido vaciando. Solo cuatro viviendas siguen alquiladas y los locales en planta baja llevan años vacíos”.

He vivido en esa casa toda mi infancia y mi juventud, y mi madre hasta su muerte. Por ello, me siento en la obligación de denunciar un hecho que tiene más trascendencia que la de un edificio vacío: la falta de gestión pública.

En aquel bloque vivimos prácticamente los mismos vecinos desde finales de los años cincuenta hasta la actualidad. De vez en cuando, alguno traía el rumor de que la Seguridad Social les iba a vender los pisos, un deseo que se esfumaba con frustración. Ya solo quedan en la casa cuatro vecinos; los demás han ido falleciendo. Nuestra generación mantiene la amistad y los recuerdos de una comunidad ejemplar llena de anécdotas y recuerdos compartidos.

El edificio, propiedad de la Tesorería de la Seguridad Social (provenía de los antiguos montepíos sindicales), albergaba locales, comerciales emblemáticos, oficinas de la Seguridad Social y 23 viviendas en dos portales que estaban alquiladas según la antigua Ley de Arrendamientos.

Cuando murió mi madre en el año 2014, consciente de la finalización del antiguo contrato, intenté hacer uno nuevo con nuevas condiciones y una renta acorde al mercado. La respuesta fue negativa, la Tesorería no tenía entre sus planes continuar con los alquileres. Desde entonces, la vivienda, como otras muchas, está vacía. Otros vecinos, como yo, lo intentaron con el mismo resultado.

El 11 de diciembre de 2025 se publicó en el BON el anuncio de la subasta de un local y tres pisos. Los pisos, de entre 123 m2 y 115 m2 útiles, salían con un precio de entre 363.000 € y 339.000 €. Estos datan de 1955 y están en un estado de conservación deficiente. De hecho, durante el alquiler no se autorizaban las obras de mejora. Según una estimación técnica basada en criterios arquitectónicos actuales, sería necesaria una inversión aproximada de 125.000 € por vivienda para alcanzar el estándar de habitabilidad y calidad exigido en el mercado actual. Según la información de la que se dispone, la subasta quedó desierta. Existe otro bloque en las mismas condiciones, también propiedad de la Tesorería, en otra ubicación neurálgica de la ciudad. Se trata de un edificio con oficinas en la planta baja y 9 viviendas de entre 170 m2 y 180 m2.

A nivel estatal hay artículos de prensa que denuncian esta situación de la Tesorería de la Seguridad Social y hablan de 300 edificios vacíos en España.

Es obvio que, en estos momentos de crisis de la vivienda, la gestión es deficiente. Un número importante de pisos vacíos y un sistema de venta especulativo y a precios de salida muy elevados es, en cualquier caso, poco ejemplarizante para la sociedad. Tampoco parece coherente perder vivienda pública que debería estar de forma reglada en el mercado del alquiler. Además, contrasta con la política de vivienda que se quiere aplicar a los propietarios, grandes o pequeños. La falta de coherencia debilita propuestas de control de la especulación y fiscalización pública. La credibilidad de ciertas medidas depende de que lo público demuestre primero que sabe gestionar bien su patrimonio. En estos tiempos, la calle se llena de eslóganes que en muchos casos crispan y enfrentan a la sociedad sin ofrecer soluciones eficaces. Hay que empezar por gestionar lo público con eficiencia y compromiso social. No creemos en las recetas mágicas.

El problema de la vivienda es gravísimo y de muy difícil solución; se habla de una necesidad de 800.000 viviendas. Cada oportunidad de mejora hay que aprovecharla con pericia y decisión. En este caso la escala de la actuación es pequeña, pero es un gesto ejemplarizante. Es posible rehabilitar estos edificios, mejorar la distribución, la eficiencia energética y aumentar el número de viviendas, un proceso en el que la aportación de los profesionales de la arquitectura resulta clave para garantizar su viabilidad técnica y social.

Hace falta la colaboración de todos los agentes: empresas públicas, ayuntamientos, urbanistas, promotores y técnicos implicados en la vivienda. La suma de soluciones en todas las fases del proceso de rehabilitación, reutilización de espacios y creación de nuevas viviendas con rigor y criterios profesionales puede ayudar a solucionar un problema que preocupa a los ciudadanos: nuevos suelos, agilización administrativa, la búsqueda de estándares de calidad asumibles y una construcción más avanzada y eficiente.

En definitiva, más gestión y menos eslóganes políticos.

Santiago Iribarren Santesteban. Decano-presidente del Colegio de Arquitectos Vasco Navarro.