La huelga general celebrada este miércoles en plena carrera electoral ha terminado por avivar la crispación partidista, a pesar de que la vivienda, detonante del primer paro de esta naturaleza organizado en España en los últimos 14 años, es posiblemente la exigencia social más transversal de nuestro tiempo. La protesta ha sacado a la luz dos realidades contrapuestas: una movilización de acento electoral, convocada a dos días del arranque oficial de una campaña que ya venía lanzada desde el desahucio de Maricarmen, y una demanda absolutamente legítima, sostenida por una mayoría de la sociedad por encima de ideologías. 

Por eso la contienda no debe desvirtuar ni eclipsar la urgente necesidad por un techo digno y a un precio asequible. Ese derecho, un problema de enorme magnitud que no han sabido atajar el actual Gobierno ni tampoco los precedentes, obliga a un gran acuerdo de Estado sea cual sea el desenlace en las urnas. No hacerlo sería una irresponsabilidad que podría ahondar la brecha de la desconfianza social y, de paso, alimentar las soluciones populistas que sólo sirven para azuzar los extremos. 

Detrás de las manifestaciones masivas —sólo en Pamplona se manifestaron cerca de 20.000 personas por la mañana— sigue hoy el drama para una parte significativa de la población que, además, ve cómo se deteriora su poder adquisitivo mientras se dispara el coste de la vida. 

No debería ser necesario recalcar que la huelga es un derecho consagrado en la Constitución y un instrumento adecuado para denunciar situaciones de emergencia, de la misma manera que resulta imprescindible garantizar la libertad de quienes optan por acudir a su trabajo. Pero esta convocatoria contenía en la misma raíz un sesgo: se gestó fuera del cauce sindical, impulsada por un movimiento sin representación institucional homologada, no contesta a una ley concreta y se solapa con la precampaña del 29-N al fragor del malestar social. 

Siendo la primera huelga en los casi ocho años de legislatura de Pedro Sánchez, los convocantes situaron el foco en una difusa responsabilidad de “las administraciones” implicadas en la gestión del suelo y el alquiler, en una movilización a la que se sumaron CC OO y UGT al incluir la precariedad salarial. Declaraciones insólitas como la de la exvicepresidenta María Jesús Montero, arengando a movilizarse “contra la oposición por derribar los decretos de vivienda”, remataron el carácter electoralista de la cita. Se consumó así una instrumentalización inédita. 

El PSOE, lejos de asumir el examen que le corresponde como gestor, prefirió subirse a la ola de la huelga para convertirla en munición contra la oposición. Eso no quiere decir que no haya razones para protestar por la falta de pisos y su brutal encarecimiento. Sería deseable que la jornada no sólo se midiera por su seguimiento. En este caso, con una discreta incidencia en Navarra, donde minorías violentas produjeron destrozos aislados en apartamentos turísticos, entidades bancarias e inmobiliarias. Puede resultar ingenuo el emplazamiento a remangarse por una colaboración cada vez más cuarteada por la polarización. Pero sólo habrá soluciones eficaces desde el consenso. La vivienda debe salir de la trinchera.