Llevamos decenios ponderando la necesidad de una reforma educativa. El reciente informe PISA ha sacudido las conciencias y vuelve a poner la educación en un lugar preferente de la agenda pública (al menos de momento): hay acuerdo en el diagnóstico y en la urgencia de la terapia. Las buenas intenciones están ahí, pero sin ánimo de aguar la fiesta quiero señalar algunos obstáculos que, en mi opinión, dificultan seriamente el éxito de cualquier intento de reforma. El primero tiene que ver con la índole que ha adquirido la política en los últimos tiempos. Comparto la tesis de Moisés Naím sobre el gobierno: hoy es más fácil que nunca llegar al poder, pero más difícil que nunca ejercerlo y retenerlo. La influencia de los aparatos estatales crece, regulan cada vez con más detalle hasta el último aspecto de la vida, pero su capacidad para cambiar realmente el statu quo disminuye a ojos vista. Las promesas formuladas rara vez se plasman luego en políticas eficaces. 

Al peso de la herencia recibida se suman los condicionamientos internacionales, propios de un mundo globalizado: guerras, pandemias, deuda pública e inflación, movimientos migratorios, cambio climático, energía y materias primas… Casi ningún gobierno está en condiciones de controlar todos esos factores, que limitan decisivamente su margen de maniobra. A esa constelación se añade un defecto típico del régimen democrático: el cortoplacismo. Supuesto que el primer (y a veces único) objetivo de todo gobierno es lograr la reelección, el horizonte temporal se contrae inevitablemente. Todo lo que exceda el marco de los próximos cuatro años apenas merecerá atención por parte del ejecutivo. De ahí que retos formidables, reconocidos por todos, pasarán al olvido una vez ganadas las elecciones: demografía (natalidad, envejecimiento, pensiones), medio ambiente, deuda pública (se aumenta alegremente dejando su pago para las generaciones futuras)… y educación. 

En principio, la educación cae dentro del ámbito de competencias asequibles para los gobiernos. Al menos la educación primaria y secundaria resultan moldeables por las políticas públicas. Pero justamente en esos niveles resulta más palmaria la falta de rendimiento electoral a corto plazo. Por ejemplo, el presidente Sánchez anunció en 2024, tras el informe PISA, una ofensiva (de 500 millones de euros) para mejorar el nivel de lengua y matemáticas de nuestros escolares. Objetivo asequible. ¿Qué ha ocurrido en la práctica? Nada. Una más de tantas promesas incumplidas. La política educativa española sufre un mal peculiar propio, ausente en los países de nuestro entorno: la ideologización. Soportamos debates virulentos, cargados de pasión e incluso de odio, entre enseñanza pública y privada, mixta y diferenciada. Modelos variados, que en otros países conviven pacíficamente y enriquecen la oferta, aquí se persiguen con saña. Cabe matizar las respectivas posiciones según la clásica dicotomía de izquierda y derecha. La izquierda se guía por un exceso de ideología y concibe la educación como herramienta principal para la construcción o revolución social. La ministra de Educación socialista, Isabel Celaá, expresaba esa actitud de modo paradigmático: “Los hijos no son de los padres, son del Estado”. En la derecha, en cambio, se advierte la posición inversa: déficit de ideología, plasmado en desinterés o falta de convicción. 

Todas las leyes de educación aplicadas en España desde la LOGSE de 1990 fueron obra de gobiernos socialistas. Para el PP prima la economía: alardea de una gestión eficaz para reparar el desbarajuste socialista. Un mal que compartimos con nuestro entorno es el crecimiento desmesurado de la burocracia educativa, paralelo al de los demás organismos estatales. Incontinencia legislativa, regulación exagerada, incremento del número de funcionarios. Al final, esa estructura abruma a los docentes y les distrae de su cometido propio. Europa como paraíso de la burocracia, que se convierte en un cáncer que amenaza con la parálisis del organismo social. Los docentes de todos los niveles sufren, se quejan y se deprimen, pero el clamor es tan unánime como inútil. 

Los burócratas siguen a lo suyo, impertérritos. Esta hidra es continental, con docenas de cabezas, y no se ve a un Hércules capaz de cortarlas todas. La continuidad de las quejas y denuncias y la inoperancia -que llega a desidia- de las autoridades obliga a pensar mal. ¿Quién gana con esta situación de crisis permanente? ¿Cui prodest? Así nos preguntamos ante las novelas o películas policíacas: ¿Qué dice el testamento de la abuelita millonaria? ¿Quién podría tener interés en mantener a los niños y adolescentes en un estado de ignorancia y asilvestramiento? Para no dar una impresión de conspiranoico, invoco a una testigo cualificada: la psiquiatra suiza Jeannette Fischer, que ha dedicado casi toda su vida a mostrar cómo la política y las grandes empresas ejercen el poder para sumir a la ciudadanía en la dependencia y la pasividad. Si tiene razón, hablar de reforma no sería más que agitar un poco la superficie para que en el fondo todo siga igual.

 Alejandro Navas. Sociólogo.