La seguridad y el mantenimiento de la alta velocidad española están ya en el foco judicial de la Unión Europea una vez que la Fiscalía comunitaria se ha sumado a las investigaciones abiertas en España. A instancias del organismo judicial de la UE, la Guardia Civil llevó a cabo diligencias con registros en las sedes de Adif, Tribunal de Cuentas y Agencia de Seguridad Ferroviaria por presuntos fraudes y desvío de fondos europeos destinados a la línea Madrid-Sevilla. La Fiscalía europea, que actúa de oficio, reclama los contratos de obras destinadas a la renovación y mejora de la seguridad, la señalización y los sistemas de comunicaciones del trayecto en el que se produjo el accidente de Urda en la provincia de Toledo. 

La Fiscalía Europea examinará contratos financiados con fondos europeos relacionados con el mantenimiento de la línea Madrid-Sevilla y, específicamente, la renovación de los sistemas de seguridad LZB tras cuya caída se produjo el pasado día 28 de octubre el trágico choque en el tramo de Urda. La investigación trata de determinar el destino de la subvención de casi 112 millones de euros que Bruselas concedió en junio de 2024, a cargo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), para renovar el trazado sustituyendo raíles y traviesas, en la línea más antigua de la red de alta velocidad española. En paralelo, continúan abiertas diligencias en los juzgados de Ordaz y Montoro para determinar las causas de los accidentes de Urda y Adamuz por si existieran responsabilidades penales. La irrupción europea escrutando judicialmente la gestión española de la red ferroviaria y el mantenimiento del AVE es un paso más. La maquinaria judicial acabará señalando las causas, negligencias o acciones delictivas que hayan podido estar en la raíz de los trágicos accidentes en que perdieron la vida 115 personas, pero el poder político tiene la responsabilidad de ofrecer la máxima colaboración y transparencia para que se depuren, hasta el final, las responsabilidades políticas y penales como se comprometió a facilitar el propio presidente del Gobierno.