El presidente del Gobierno, y por extensión todos sus ministros, se han caracterizado por sus frecuentes medias verdades, que son la peor de las mentiras, y por los “cambios de opinión”, eufemismo para referirse a los engaños a los españoles. Por eso corremos el riesgo de acostumbrarnos y quitar importancia a lo que se consideran faltas imperdonables de un cargo público en aquellos sistemas políticos cuya democracia está consolidada. En esos sistemas cuando se descubre a un político mintiendo o que plagia su tesis doctoral, dimite inmediatamente. Nuestro presidente del gobierno nos aseguró que los responsables del “procés” comparecerían ante la justicia, pero los ha indultado, ha eliminado el delito de sedición del código penal, y como todo ello le ha parecido poco, ha amnistiado incluso el delito de malversación. La malversación ha consistido en que se ha empleado dinero público, nuestro dinero, para financiar actividades ilegales. Pues hasta eso se les ha amnistiado pretendiendo una supuesta reconciliación, algo inmediatamente desmentido por los propios amnistiados, que han cargado contra la injusticia y la represión que dicen haber sufrido, sin mostrar arrepentimiento alguno por los delitos cometidos. 

El colmo de todos estos cambios de opinión, léase mentiras, se ha presentado con motivo de la invasión de Ceuta, donde a la intención de ocultarnos la verdad se ha sumado la torpeza para asegurar un discurso unificado por parte de los ministros y otras autoridades, y la ineptitud para poner remedio a la situación. La primera reacción del gobierno fue atribuir la avalancha a unas mafias de la inmigración, sin que nunca más se haya mencionado a esas mafias. Mientras se hacían esas declaraciones se llamaba a consultas al embajador de Italia por la decisión de ese país de controlar la entrada de los viajeros procedentes de España, pero no se llamaba al de Marruecos, país responsable por acción o por omisión del asalto a nuestra frontera. Mientras unos miembros del gobierno aseguraban que no existían alertas previas a la invasión, la responsable de Defensa afirmaba que los servicios de inteligencia habían cumplido con su deber, dando a entender que la alarma se había producido. 

El gobierno desautorizó a su ministra de Defensa, que no dimitió, y más tarde hemos tenido ocasión de conocer que los servicios de inteligencia advirtieron de la inminente invasión, entre otros al delegado del gobierno en la ciudad autónoma. Este responsable político se ha visto obligado a dimitir después de que su jefe de gabinete, que también dimitió, le desmintiera. El presidente de la ciudad de Ceuta ha confirmado que los días previos al asalto llamó insistentemente entre otros al presidente del gobierno alertando de lo que se avecinaba, sin que se le hiciera caso, pidiéndole que dejara de molestar. La mejor prueba de que el país vecino se encuentra detrás del asalto a nuestra soberanía se encuentra en la presencia de barcos marroquíes en las aguas territoriales de Ceuta el mismo día del asalto. La ministra portavoz insulta nuestra inteligencia diciendo que se trata de un “hecho puntual”. Debe de ser “puntual”, porque los barcos marroquíes se presentaron en nuestras aguas “puntualmente”, cuando se producía el asalto a nuestra frontera. También se ha pretendido ocultar este hecho, que es de extraordinaria gravedad. Es decir, que los servicios de inteligencia advierten sobre un asalto a la frontera por decenas de miles de personas. No se hace nada para impedir ese asalto y se falta a la verdad diciendo que no había aviso alguno. Por lo tanto, se trata de un fracaso absoluto del Gobierno para defender algo tan elemental como la integridad territorial de nuestro país y de un engaño, que también pretende ocultar la presencia de la armada marroquí. 

El engaño es tan torpe que nadie ha creído la versión oficial. Como si todo lo anterior no fuera suficiente, la torpeza en la gestión de la crisis no puede ser mayor. Cuando nos aproximamos al tercer mes desde el asalto a la frontera, miles de personas que entraron de manera irregular en nuestro país siguen deambulando por las calles de Ceuta, 3.300 de ellos menores no acompañados, muchos de ellos en la calle, sin que exista previsión alguna de cuando se podrá dar la crisis por terminada. La “sensación subjetiva de inseguridad”, redundancia inefable del ministro del Interior, se confirma por un importante aumento de los delitos con violencia en la ciudad. Mientras tanto, el presidente del Gobierno no tuvo a bien suspender sus vacaciones. A la deslealtad con los españoles que supone faltar a la verdad o intentar ocultarla, se añade la incapacidad absoluta para cumplir con la elemental obligación de defender el territorio y de gestionar una crisis de seguridad, migratoria y humanitaria. No se puede ser menos digno de confianza y más incompetente. 

Javier Carnicero Giménez de Azcárate. Ex director del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, entonces Servicio Regional de Salud