El mercado de alquiler español atraviesa uno de sus peores momentos. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018, el mercado inmobiliario ha perdido 393.000 arrendamientos permanentes. Al cierre de 2025 había 510.091 viviendas de alquiler permanente disponibles, un 44% menos que en 2018. La oferta, sencillamente, se ha hundido. De acuerdo con los expertos, uno de los principales responsables de esta situación es la Ley de Vivienda de 2023. Al introducir profundas restricciones en relación al alquiler habitual, los propietarios buscaron fórmulas más atractivas para sacar rentabilidad a sus casas. Así, en apenas unos años, se ha disparado el alquiler turístico y de temporada mientras la oferta del arrendamiento de larga duración se ha desplomado. 

Al contrario, mientras la oferta adelgazaba, la demanda de alquiler se ha multiplicado por cinco entre 2018 y 2026. La combinación de ambos elementos, unido a la falta de vivienda disponible para la compraventa, está disparando los precios de la renta. Solamente en el último año, estos aumentaron un 5,6 %, de manera que ya consumen el 39% de los ingresos netos de una familia media en España, nueve puntos por encima del máximo que recomienda el Banco de España. Nos encontramos ante una crisis profunda de muy difícil solución. Es urgente encontrar una salida de un atolladero que se ha convertido en la primera preocupación de los españoles. Sin embargo, la fórmula elegida por el Gobierno para ello es profundamente incorrecta. Por el instrumento elegido: debería ser una Ley consensuada por todas las fuerzas políticas, no un real decreto-ley sin posibilidad de negociación. Y porque las medidas son insuficientes para abordar una cuestión que, por su amplitud e importancia, merece un debate serio y no un tacticismo político irresponsable. Ya metidos en campaña, los partidos están obligados a pensar en soluciones reales al drama de la vivienda, y no en soflamas baldías que agiten la tensión de forma irresponsable en busca de réditos electorales.