Según la última encuesta del CIS, la principal preocupación de los españoles, con independencia de su edad, es la vivienda, seguida de cerca por los problemas económicos. El caso de Mari Carmen, que ha ocupado estos días buena parte del debate público, ha puesto rostro a una realidad que afecta a miles de personas: la dificultad de acceso a la vivienda. Con motivo de la Semana de la Arquitectura, centrada precisamente este año en el futuro de la vivienda, aportamos estas reflexiones.

Mucho se ha hablado de soluciones. Veamos de dónde venimos. Entre 2001 y 2007 se proyectaban en Navarra una media de 7.700 nuevas viviendas al año, de ellas, 2.000 protegidas. Entre 2008 y 2014, tras la crisis de la construcción, se visaban unas 2.400 viviendas al año, 900 protegidas. Desde entonces, apenas 2.000 al año, de ellas, 500 protegidas.

Por otro lado, el INE cifra actualmente la creación de nuevos hogares en Navarra en 3.000 anuales. Simplificando, estamos en menos 1.000 viviendas anuales, a las que se suma la demanda acumulada del Censo de Solicitantes de Vivienda Protegida, que ronda las 25.000 solicitudes. Con esta demanda, resulta llamativo que produzcamos menos vivienda que en los peores años de la crisis y que las protegidas estén en mínimos históricos. ¿Las causas? Un cúmulo de circunstancias. Durante la crisis se detuvo el desarrollo de nuevos suelos. Reactivar la maquinaria para llevar suelo finalista al mercado es lento. El PSIS de Echavacoiz, aprobado esta semana, es un buen ejemplo: han transcurrido 26 años. Aunque ahora se aprueben nuevos planeamientos, después hay que tramitar instrumentos de desarrollo, urbanizar y solicitar licencias… En el mejor de los casos, habrá que esperar seis u ocho años para ver las primeras viviendas.

Se suman dos factores: la crisis de la vivienda es también una crisis de solvencia. El precio de la vivienda ha aumentado muy por encima de nuestra capacidad económica. Y es también una crisis tipológica: la mayor parte del parque edificado está compuesto por viviendas de tres dormitorios, cuando buena parte de la demanda se concentra en viviendas de dos y de un dormitorio.

La situación se resume en dos necesidades: necesitamos más vivienda y vivienda asequible. No debemos confundir vivienda asequible con vivienda protegida. Entendemos por vivienda asequible aquella cuyo coste no supera aproximadamente el 30 % de los ingresos netos del hogar.

Para conseguirlo existen medidas de amplio consenso. Necesitamos reformar la legislación del suelo para agilizar plazos. Así debería ocurrir en Navarra con la actual revisión de la normativa de ordenación del territorio y urbanismo.

También necesitamos mayor agilidad en la concesión de licencias. Cada mes de retraso genera intereses bancarios sobre el suelo o el inmueble que repercuten en el precio. Desde el Colegio de Arquitectos proponemos convenios con los ayuntamientos para que, desde la neutralidad que nos otorga nuestra condición de corporación de derecho público, colaboremos en la revisión de expedientes y agilicemos plazos, como ya sucede en otras comunidades mediante entidades de control urbanístico. Siempre, por supuesto, sin mayor coste para el ciudadano.

Es urgente reducir la carga fiscal de la vivienda, con impuestos que representan un 25 % del coste final de la vivienda nueva. La anunciada rebaja del IVA del 10 % al 4 % es una buena noticia, pero pedimos que no se limite a la vivienda protegida y alcance, al menos, a todas las compras de primera vivienda.

También debemos incorporar mano de obra cualificada y trabajar en un marco normativo propio que favorezca un modelo industrializado capaz de contener costes. Hasta aquí, medidas con cierto consenso. Hace tiempo que hemos dejado de reclamar un gran pacto de Estado por la vivienda. Desde el colectivo de arquitectos proponemos algo más sencillo: un pacto de emergencia.

Se trata de aplicar un concepto novedoso, los sandboxes: un marco excepcional y delimitado, con exenciones normativas seleccionadas y bajo supervisión administrativa.

No se trata de saltarse la normativa, sino de flexibilizar temporalmente su aplicación. Por ejemplo, en planeamientos existentes, permitir, sin incrementar la edificabilidad, más viviendas de menor tamaño. También destinar a uso residencial suelos comerciales o terciarios sin desarrollar, siempre que sean compatibles con el uso final.

También debemos eliminar trabas para aprovechar mejor la ciudad existente: facilitar la división de viviendas demasiado grandes y costosas de mantener; posibilitar recrecidos en altura donde exista edificabilidad disponible; adaptar determinados locales de planta baja o de primera planta a viviendas, respetando las zonas comerciales de cada barrio. Estas actuaciones densifican la ciudad sin abrumarla, dan vida a nuestros barrios, favorecen el relevo generacional y aprovechan los servicios públicos existentes.

Por último, pongamos una alfombra roja a las actuaciones en núcleos rurales. Cada vivienda allí vale por dos: frena la despoblación y reduce la presión sobre las ciudades. Es prioritario revisar estándares normativos que aportan poco y hacen inviables operaciones en nuestros pueblos.

Se trata, en definitiva, de aprovechar cada oportunidad que la ciudad y los suelos urbanizados ofrecen para crear viviendas asequibles hasta que los nuevos desarrollos estén en marcha. Empezando hoy, mejor que mañana, porque la vivienda que hagamos hoy marcará nuestro futuro. Construyámoslo entre todos.

Sara Velázquez Arizmendi. Presidenta Delegación navarra COAVN. Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro