El Gobierno vuelve a incumplir su promesa de aprobar el real decreto para el refuerzo del registro horario, pero anuncia que sigue adelante con el plan. La obstinación de la vicepresidenta y ministra del Trabajo procede en parte del previo fracaso que obtuvo durante la votación en el Congreso de la norma para reducir la jornada laboral a 37,5 horas. Yolanda Díaz planteó entonces el endurecimiento del registro de la jornada como alternativa, en el que propone la implantación de un sistema digital y obligatorio por el cual exigir a empresas y autónomos un control exhaustivo de las horas que hacen sus trabajadores, un procedimiento para abonar las horas extraordinarias y la posibilidad de que dichos datos puedan ser fiscalizados en cualquier momento por la Inspección de Trabajo y por los representantes de los trabajadores. Sin embargo, son ya numerosas las ocasiones en las que el Gobierno ha prometido que la nueva norma sería aprobada y la intervención de diversos obstáculos lo ha llevado a incumplir su promesa. 

Primero, a causa de los desencuentros entre la propia Díaz y el ministro de Economía, Cuerpo. Ahora, el principal obstáculo procede del Consejo de Estado. El órgano que dirige una tercera exvicepresidenta y ministra en discordia, Carmen Calvo, emitió un dictamen a finales de marzo por el que advirtió que no procedía aprobar la norma en aquellos términos; entre otras cosas, por no garantizar suficientemente la protección de datos de los trabajadores. Además, la forma elegida para su tramitación -el reglamento, que excluye la intervención del Parlamento- es altamente cuestionable. La CEOE denunció que llevaría la norma a los tribunales precisamente por no ser aprobado por proyecto de ley y debatido entre todos los grupos parlamentarios. El Gobierno trabaja con el Consejo de Estado para blindar la norma referida frente a los tribunales. Tres incógnitas permanecen: si dará tiempo a aprobarlo antes del fin de la legislatura; en tal caso, cuándo; y si incorporará ayudas para que empresas y autónomos lleven a cabo la implantación del registro digital.