Cuando hablamos de impuestos, el debate suele centrarse en cuánto recauda la Administración o qué nuevos tributos se van a aprobar. Sin embargo, apenas se habla de una cuestión mucho más importante: cómo influye la fiscalidad en el crecimiento económico, la inversión, el empleo o la capacidad de las familias para prosperar. Los impuestos no son únicamente un mecanismo para financiar los servicios públicos; también determinan la competitividad de un territorio y condicionan sus oportunidades de futuro.

España lleva años recorriendo un camino preocupante. Mientras muchos países de nuestro entorno han aprovechado las últimas décadas para simplificar sus sistemas tributarios y mejorar su atractivo para empresas e inversores, nuestro país ha optado por incrementar la presión fiscal mediante nuevas figuras impositivas, mayores cotizaciones sociales y un sistema cada vez más complejo.

El resultado es obvio. Acabamos de conocer el último Índice de Competitividad Fiscal Internacional del Instituto de Estudios Económicos (IEE) donde España se sitúa en una posición claramente rezagada entre las economías desarrolladas: ocupa el puesto 34 de los 38 países de la OCDE. Nuestro país presenta importantes debilidades en impuestos tan relevantes como el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades o la tributación sobre el patrimonio. No es una cuestión ideológica, sino económica: una fiscalidad poco competitiva, como la actual española, reduce la inversión, dificulta la creación de empresas, desincentiva el ahorro y limita el crecimiento del empleo.

Basta observar lo ocurrido en Irlanda para comprobar que la política económica importa. Mientras España ha perdido peso relativo en Europa, Irlanda ha seguido el camino opuesto. En 2017 su PIB per cápita equivalía al 186,5% de la media de la Unión Europea y en 2025 alcanza ya el 237,4%. España, por el contrario, ha pasado del 92,4% al 91,8%. El PIB per cápita es probablemente el mejor indicador del bienestar material de los ciudadanos y de la capacidad de una economía para generar riqueza. Irlanda no ha llegado hasta ahí por casualidad. Ha apostado por combinar una fiscalidad competitiva, contención del gasto público, seguridad jurídica y una clara apertura a la inversión internacional. El resultado ha sido la atracción de capital, empresas y talento, elevando la productividad, los salarios y la renta de sus ciudadanos. Hace unos años era equivalente a la española y hoy es 2,5 veces superior.

Si el panorama nacional ya es preocupante, Navarra presenta un problema adicional. Nuestra comunidad dispone de una herramienta excepcional: la autonomía fiscal. Gracias al Convenio Económico podemos diseñar un sistema tributario propio adaptado a nuestras necesidades. Es una enorme ventaja institucional que debería servir para reforzar nuestra competitividad y atraer actividad económica. Sin embargo, llevamos años haciendo justamente lo contrario. En lugar de aprovechar esa capacidad normativa para convertirnos en un territorio más atractivo para empresas, profesionales e inversores, hemos ido configurando un marco fiscal que resulta más gravoso que el existente en el régimen común. También está afectando a trabajadores, autónomos y familias.

Un reciente análisis publicado en Diario de Navarra ayuda a poner cifras a esta realidad. Una familia navarra tipo -dos asalariados con dos hijos y unos ingresos brutos conjuntos de 67.200 euros anuales- destina alrededor de 24.700 euros al año al pago de impuestos y cotizaciones directamente soportadas. Es decir, aproximadamente el 37% de su renta bruta. La mayor parte corresponde al IRPF, donde Navarra mantiene una presión superior en numerosos tramos de renta, pero la factura continúa aumentando al incorporar el IVA, las cotizaciones sociales, los impuestos sobre la vivienda, el transporte y otros gravámenes indirectos.

Los impuestos son imprescindibles para financiar la sanidad, la educación, las pensiones o la dependencia. Nadie discute esa realidad. La cuestión es si el nivel de tributación que soportamos favorece una economía dinámica capaz de generar riqueza o, por el contrario, termina debilitando precisamente la base que sostiene nuestro Estado del bienestar.

Existe una evidencia económica difícil de rebatir: primero hay que crear riqueza para después poder distribuirla. Cuando la presión fiscal reduce la inversión, el emprendimiento o la capacidad de crecer de las empresas, también termina perjudicando los ingresos públicos futuros. Navarra tiene capacidad para hacerlo mejor. Podemos diseñar un IRPF más competitivo, revisar la fiscalidad empresarial, favorecer el ahorro, atraer talento e incentivar nuevas inversiones, además de potenciar determinadas políticas, como la vivienda o la vertebración territorial.

Lo que falta no son competencias, sino voluntad política. Durante demasiado tiempo se ha instalado la idea de que cualquier rebaja fiscal supone un riesgo para los servicios públicos. Sin embargo, los territorios más prósperos suelen ser precisamente aquellos que combinan unas cuentas públicas responsables con sistemas tributarios competitivos, seguridad jurídica y un entorno favorable para invertir y emprender. Eso sin hablar, porque daría para otro artículo, de que Navarra disfruta hoy de la mayor recaudación y del mayor gasto público de su historia y, sin embargo, la calidad de muchos servicios públicos está claramente deteriorándose.

Nuestra tierra reúne condiciones excepcionales para seguir siendo una de las regiones más prósperas de España. Por eso resulta difícil entender que renunciemos voluntariamente a una de nuestras mayores fortalezas, la autonomía fiscal, utilizándola para penalizar nuestra competitividad en lugar de reforzarla.

José María Aracama Yoldi. Vicepresidente del think tank Institución Futuro.