El pasado 30 de junio finalizó el plazo para presentar solicitudes al proceso de regularización extraordinaria, una de las medidas migratorias más ambiciosas impulsadas en los últimos años y que no ha estado exenta de polémica desde su anuncio y aprobación. Según los datos oficiales se han presentado cerca de 1,3 millones de solicitudes, cifra que supera ampliamente las previsiones iniciales del Gobierno, que había estimado que el número de potenciales beneficiarios rondaría los 500.000. La diferencia entre expectativas oficiales y la respuesta real pone de manifiesto tanto la magnitud del número de personas que se encuentran en España en situación irregularidad, como la dificultad que existe en muchas ocasiones en cifrar esta realidad. 

No obstante, el desarrollo del proceso no ha estado exento de dificultades. Desde su publicación, numerosos operadores jurídicos, entidades sociales y profesionales especializados en extranjería han señalado problemas de redacción e interpretación en distintos apartados de la norma. Estas deficiencias técnicas han generado dudas relevantes sobre los requisitos exigibles, documentación necesaria y el alcance de determinados supuestos previstos por el legislador. Como consecuencia, la Administración se ha visto obligada a publicar diversas instrucciones, criterios interpretativos y notas con el objetivo de aclarar aspectos que no habían quedado suficientemente definidos en el texto original. Aunque estas aclaraciones han permitido resolver parte de las incertidumbres, también han evidenciado que cuando una norma se redacta de forma apresurada, los problemas interpretativos y de aplicación surgen como setas.

A ello se suma un importante reto administrativo, actual y en un futuro cercano. La recepción de cerca de 1,3 millones de expedientes supone una carga de trabajo extraordinaria para los organismos encargados de su tramitación. En este contexto, resulta razonable prever que los plazos de resolución puedan prolongarse significativamente más allá de lo inicialmente esperado. El volumen de solicitudes constituye uno de los principales factores que condicionan la capacidad de respuesta de la Administración. Por ello, muchas de las personas solicitantes podrían verse obligadas a esperar durante meses, e incluso más tiempo, hasta obtener una resolución definitiva sobre su situación. Y a esto hay que añadirle que, dentro de 12 meses, se acerca un más que previsible colapso en las oficinas de extranjería y policía nacional, ya que van a ser los responsables de tramitar las modificaciones y renovaciones de todas las regularizaciones que se concedan, de las reagrupaciones familiares que se puedan solicitar por parte de las personas que se hayan regularizado, así como de emitir las tarjetas de identificación. Oficinas de extranjería que, por otro lado, y de forma incomprensible, fueron apartadas de la elaboración del texto.

Por otra parte, conviene analizar con prudencia las expectativas generadas en torno a esta regularización. La medida ha sido presentada como una herramienta capaz de facilitar la incorporación de un elevado número de personas extranjeras al mercado laboral formal, favoreciendo tanto su integración como la reducción de la economía sumergida. Sin embargo, la obtención de una autorización administrativa no garantiza por sí sola una inserción laboral efectiva. Factores como la situación económica, la capacidad de absorción del mercado, la formación profesional de los beneficiarios o las condiciones de contratación existentes serán determinantes para evaluar el éxito real de la iniciativa. Por ello, más allá del número de solicitudes registradas o de autorizaciones que finalmente se concedan, será necesario realizar un análisis riguroso dentro de los próximos 12 meses para conocer cuántos migrantes han logrado incorporarse de manera efectiva al mercado laboral. Solo entonces podrá valorarse con precisión si esta regularización extraordinaria ha cumplido los objetivos que justificaron su puesta en marcha.

Pablo Ruiz Muneta. Socio de IQL Abogados Extranjería y miembro del think tank Institución Futuro.