El llamamiento desesperado del presidente de Ceuta al resto de España para socorrer a los menores no acompañados que desbordan la ciudad autónoma sólo ha recibido el apoyo unívoco de un Gobierno regional: el navarro, que se ofrece para acoger a los inmigrantes en base al mecanismo de reparto acordado en la última reforma de la Ley de Extranjería. 

Un postulado radicalmente contrario al del grueso de CCAA, que basculan entre devolver a los menores a Marruecos con sus familias (País Vasco) y abrir una batalla legal alegando falta de recursos para frenar en lo posible la reubicación del millar de menores en la Península, estrategia última de los territorios gobernados por el PP. Mención aparte merece el caso de Cataluña, donde Junts directamente chantajea a Pedro Sánchez condicionando sus apoyos a que les dejen fuera del reparto. 

El ataque a la soberanía nacional que ha supuesto la entrada de 72.000 personas de forma ilegal en la ciudad autónoma agrava el problema de un acogimiento a migrantes ya de por sí muy tensionado. Es un hecho que si los menores se encuentran en territorio español y bajo tutela de las administraciones, existe la obligación legal de protección que difícilmente puede soslayarse. Y ahí es firme la posición foral. 

La discusión política sobre la inmigración irregular es legítima, pero un menor no acompañado constituye antes que nada una cuestión de protección de la infancia. Navarra no debe mirar pues hacia otro lado cuando una comunidad autónoma se encuentra desbordada por una emergencia humanitaria, y ahí están los recientes ejemplos de colaboración tras desastres como la dana o los incendios. 

Pero cabe plantearse varias cuestiones: ¿Cuántos menores llegarían realmente a Navarra? ¿Qué recursos existen? ¿Cuál será el coste económico? ¿Cómo se garantizará la integración? Porque la solidaridad exigible hoy no puede convertirse en coartada para ocultar los déficits de una política migratoria del Gobierno que sigue reaccionando a las crisis en lugar de anticiparlas. Confundir la respuesta humanitaria con la solución del problema sería tan irresponsable como desentenderse de quienes hoy requieren amparo.