Hay expresiones que solo utilizamos cuando la puerta gira en una dirección. La candidatura de Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo ha reabierto un debate conocido. Para unos, se trata del reconocimiento lógico a la trayectoria de una ministra de Trabajo; para otros, de una recolocación política. No pretendo entrar en esa discusión. Lo que me interesa es otra cuestión, más amplia y quizá más relevante: la curiosa asimetría con la que solemos juzgar el futuro profesional de quienes abandonan la política. Cuando un antiguo cargo público -un ministro, un secretario de Estado, un consejero autonómico o incluso un director general- se incorpora a una gran empresa, el término puertas giratorias aparece casi automáticamente. La sospecha es conocida: quizá determinadas decisiones adoptadas durante su etapa en el sector público estuvieron condicionadas, aunque fuera de manera inconsciente, por la expectativa de un futuro empleo. Es una preocupación legítima. Precisamente por eso existen incompatibilidades y periodos de enfriamiento, destinados a proteger la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Sin embargo, cuando ese mismo cargo es propuesto para una organización internacional, una empresa pública, una fundación pública o cualquier otra institución sostenida con recursos públicos, el lenguaje cambia. Rara vez se habla de puertas giratorias. Lo habitual es presentar el nombramiento como un reconocimiento a la experiencia acumulada o al prestigio adquirido durante su carrera. ¿Por qué analizamos ambos casos de forma tan distinta?

Desde la economía existe una razón para hacerse esa pregunta. Los economistas llevamos décadas insistiendo en una idea sencilla: las personas responden a incentivos. No porque sean mejores o peores, sino porque los incentivos condicionan, en mayor o menor medida, el comportamiento humano. Si creemos que la expectativa de un futuro puesto en una empresa privada puede influir en las decisiones de un responsable político, ¿por qué descartamos que también pueda hacerlo la expectativa de un futuro nombramiento institucional?

No se trata de afirmar que ambos fenómenos sean idénticos ni de sostener que todo nombramiento responde a intereses ocultos. Sería una simplificación tan injusta como pensar que toda incorporación a la empresa privada constituye una puerta giratoria en el sentido más negativo del término. Existen magníficos profesionales que, tras una etapa en la política, aportan un enorme valor tanto al sector privado como a organismos internacionales o instituciones públicas.

La cuestión es otra. Si el criterio ético es prevenir los conflictos de interés, debería aplicarse con independencia del destino profesional del político.

Es cierto que existen diferencias entre ambos ámbitos. Una empresa privada puede no elegir siempre al candidato objetivamente más cualificado para un determinado puesto. También puede valorar la experiencia institucional, el conocimiento de un sector regulado o la capacidad de interlocución que aporta un antiguo responsable público. Pero, normalmente, soporta directamente el coste de sus errores. Si el fichaje no genera el valor esperado, será la propia empresa la que termine asumiendo las consecuencias económicas de esa decisión. El mercado no garantiza el acierto, pero introduce un mecanismo de disciplina.

Muchos nombramientos en organismos públicos o internacionales responden, en cambio, a procesos donde el componente político es inevitable. Eso no los convierte en ilegítimos. Instituciones como la OIT, la OCDE, el FMI o el Banco Mundial funcionan, en buena medida, mediante acuerdos y apoyos entre gobiernos. Pero precisamente por ello resulta imprescindible que esos nombramientos sean transparentes y que sus méritos puedan explicarse de forma convincente. La exigencia de transparencia y de justificación de los méritos debería ser, como mínimo, la misma que reclamamos cuando un político pasa al sector privado.

Quizá el verdadero problema sea que confundimos el análisis institucional con nuestras simpatías hacia el destino del nombramiento. Si el antiguo cargo público termina en una gran empresa, tendemos a sospechar de sus motivaciones. Si termina en una organización internacional o en una institución pública, tendemos a presumir que el mérito explica por sí solo la decisión. En ambos casos corremos el riesgo de sustituir el análisis por una etiqueta. Y, sin embargo, las preguntas relevantes son exactamente las mismas. ¿Cómo se ha producido la designación? ¿Existía una competencia real entre candidatos? ¿Qué méritos objetivos justifican la elección? ¿Qué mecanismos existen para prevenir conflictos de interés? Ninguna de esas preguntas debería cambiar porque el edificio tenga un logotipo empresarial o una bandera de Naciones Unidas.

Los economistas solemos recordar que las buenas instituciones no se construyen confiando ciegamente en la virtud de las personas, sino diseñando reglas que alineen correctamente los incentivos. Quizá esa misma lógica debería aplicarse también aquí. Más que clasificar los nombramientos según el destino del político, deberíamos juzgarlos por la calidad del procedimiento que conduce a ellos.

Porque la confianza en las instituciones no depende de quién paga el siguiente salario de un antiguo cargo público. Depende de que los ciudadanos puedan creer, razonablemente, que ese puesto se obtiene por mérito, mediante procedimientos transparentes y libres de conflictos de interés. Si ese es el principio que defendemos, debería valer para todas las puertas, no solo para aquellas que conducen a la empresa privada.

María Jesús Valdemoros. Lecturer en IESE Business School.