Los quince jueces del TSJE (Tribunal Superior de Justicia Europeo) en Luxemburgo no han sentenciado sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, que ya calificó hace un año nuestro Tribunal Constitucional, sino que han respondido a dos cuestiones -“prejudiciales”- de nuestro Tribunal de Cuentas y de nuestra Audiencia Nacional, respectivamente: sobre si los fondos empleados en el proceso separatista afectaban o no a la financiación europea, y si la amnistía concedida a los doce miembros, acusados por terrorismo, de los CDR (Comités de la Defensa de la República) era compatible con la Directiva Europea sobre Terrorismo. La respuesta a la primera cuestión ha sido negativa, y a la segunda, positiva. En una palabra, para el TSJE, si no hay muertos y heridos, no hay “violaciones graves de derechos humanos”. 

La Gran Sala del TSJE ha llegado a decir en algunos de sus argumentos que la motivación de la ley de amnistía española, aprobada por las Cortes, era “reducir tensiones institucionales y políticas, y facilitar un escenario de reconciliación”, lo que se da de bruces con los persistentes propósitos de los separatistas catalanes que, un día sí y otro también, se reafirman en su decisión de irreconciliación y de querer volver a hacer lo que hicieron: “¡!Ho tornarem a fer!”. ¿A qué llaman esos jueces europeos reconciliación? Lo que nos hace sospechar que leyeron la Exposición de motivos interesados de la ley de amnistía, pero no la cruda realidad política española. No han tenido en cuenta los criterios de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, que hace un año, y ante esa misma Sala, expuso Carlos Urraca, quien calificó a la amnistía de “autoamnistía”, concedida “a cambio de la investidura de un Gobierno”, algo incompatible con los valores europeos. Han olvidado, si algún día lo supieron, que la medida de gracia en favor de los protagonistas de la sedición (indultada primero y luego suprimida del Código Penal) y de la malversación de caudales públicos se tramitó como una proposición de ley (sin informes de los órganos consultivos) y por vía de urgencia, sin atender a las recomendaciones del Consejo de Europa (a través de la Comisión de Venecia), que pidió tras su visita a España, “un diálogo significativo” de todos los partidos nacionales a fin de conseguir “el objetivo invocado de la reconciliación”. Antes bien, al decir del mismo comisionado, la ley de amnistía ahondó “en una división profunda y virulenta en la clase polÍtica, en las instituciones, en el mundo judicial, en el mundo académico y en la sociedad española”. 

No necesitamos la mayoría de los españoles calumniar a los jueces, como suele hacer el Gobierno sanchista cuando no le salen bien las cosas, para reafirmar que la ley de amnistía fue y es una aberrante ley, jurídica y políticamente, y una bomba de relojería en el edifico de la democracia española. Salvador Illa, presidente socialista de la Generalitat, el más entusiasta con la respuesta europea, ha podido decir que ella demuestra que “siempre tuvimos razón”. ¿Siempre? Un día, no lejano, siguiendo a Sánchez, votó, junto con todos los suyos a favor del artículo 155, aplaudió la sentencia del Tribunal Supremo, se opuso a los indultos y después a la amnistía…, hasta que hubo que elegir entre la coherencia, el interés general y el “Gobiernito tenemos” en Madrid y Barcelona. 

Los tribunales competentes españoles deben aplicar la sentencia del TSJE, tras abrir un período de alegaciones de las partes. En caso de que el Tribunal Constitucional resuelva favorablemente los recursos de amparo de los separatistas catalanes, el próximo otoño -entre ellos, el del fugitivo no juzgado, Puigdemont-, la Sala Segunda del Supremo podría plantear una “cuestión prejudicial” al TSJE sobre si el Tribunal presidido por Conde Pumpido incurrió en un exceso de jurisdicción. Y el caso se alargaría todavía un poco más. 

La sentencia del TSJE es, sin duda, una victoria judicial del independentismo catalán y del Gobierno sanchista. Pero no una victoria política. Y la prueba es que los separatistas catalanes la han celebrado sin mucho ruido, aunque con alguna palabrería. Y muy divididos entre ellos. Los de Junts están que trinan porque creen que Sánchez está retrasando la decisión del Constitucional de dar respuesta a los recursos de amparo de los principales caudillos separatistas inhabilitados, aplicándoles la amnistía, porque le molesta la presencia de Puigdemont en España en vísperas electorales. La pérdida de votos de los tres partidos separatistas ha sido grande, mientras crece la extremosa Aliança Catalana. Les queda poco tiempo para gestionar, junto con Sánchez, la derrota de 2017. 

Como tantos otros sectores de la vida europea, la Justicia de la Unión, todavía incipiente, tiene un largo recorrido por delante para llegar a ser una Justicia cercana, sensible y plena. 

Víctor Manuel Arbeloa. Escritor