El gobierno de María Chivite, a través de su departamento de vivienda, en la práctica ha expulsado al sector privado de la posibilidad de contribuir a construir y gestionar vivienda de alquiler protegido. Esto es así porque el pasado mes de junio, mediante una ley exprés, cambió las reglas del juego a mitad de partida al alterar con efecto retroactivo las condiciones existentes con las que trabajaban desde hace décadas las empresas navarras que se dedicaban al alquiler de vivienda social. La excusa (falsa) es proteger a los inquilinos de la acción de los fondos de inversión, lo cual no se consigue en la práctica debido a que gran parte de esos fondos dueños de viviendas ya podían proceder a su venta antes de la aprobación de la ley. Así que, con la falsa justificación de perseguir a los “fondos buitre”, de un plumazo han torpedeado a las sociedades con origen y sede en Navarra que construyen vivienda para alquilar. 

El resultado cierto es que estas empresas navarras, a las que se les han trastornado sus proyectos de emprendimiento y se les quiebra el principio de seguridad jurídica, dejan de trabajar en Navarra cuando más se les necesita para contribuir a resolver el grave problema de la falta de oferta de vivienda sobre todo en alquiler. Un año antes, con la ley de limitación de precios de alquiler (como si limitar por ley el precio de las cosas fuese la solución ¡qué extraño que no se le haya ocurrido antes a nadie …!), los particulares han abandonado la idea de alquilar su vivienda, y en un año ha desaparecido un 39% la oferta de alquiler en Pamplona y comarca. Otro fiasco anunciado. En cambio, el gobierno promete “solucionar el problema por sí mismo”, esto es, anunciando la construcción de vivienda pública. Un anuncio que no pasa de las palabras y no ve la realidad. Para conseguir la construcción de viviendas, comienza el asunto creando una nueva sociedad (otra) público -privada a pesar de que ya existe una, Nasuvinsa, que puede realizar los mismos fines como ya advertimos en su día y ahora alertan los técnicos del servicio de intervención del gobierno tal y como publicó este periódico. Más cargos, más sueldos, más gerentes a dedo, más estructura, más gasto público injustificado y cero viviendas, pues hoy es el día que, tras los retrasos y negligencias, está asegurado que va a terminar la legislatura sin que tal sociedad construya una sola vivienda. 

En efecto, el gobierno de Chivite y Bildu pone trabas a quien puede alquilar o construir vivienda protegida al tiempo que es incapaz de cumplir con su cometido y ofrecer por sí mismo una mínima solución real al problema que ellos mismos están alimentando y haciendo crecer de forma galopante. Los perjudicados de esta caótica sucesión de decisiones, son los más de 25.000 unidades familiares que llevan años esperando una vivienda protegida que el gobierno no les proporciona y también el tejido productivo de Navarra, que huye a otros lugares en los cuales se respete la certeza legal y las condiciones acordadas. Los beneficiados serán los nuevos gerentes, cargos, y responsables políticos de este desaguisado a costa de los recursos públicos y quienes prefieren mantener el discurso populista de echar la culpa a la empresa, al promotor y a todo quien se oponga a sus ineficaces acciones. No cabe mayor vergüenza.