El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concluyó en su esperada sentencia que la ley de amnistía es conforme al derecho comunitario. La respuesta de Luxemburgo a las cuestiones prejudiciales planteadas es que la norma española no afecta a los intereses financieros de la Unión ni infringe la directiva comunitaria contra el terrorismo. Se despeja así el regreso para el prófugo Puigdemont, huido entre Waterloo y el sur de Francia para evitar las consecuencias penales de su responsabilidad en el procés. Pero no aclara del todo su futuro a corto plazo porque el ritmo de su vuelta lo marcarán los tribunales en España. Como cabía esperar, el Gobierno, sacudido por las causas judiciales y los escándalos en el Ejecutivo y en el PSOE, mostró una indisimulada satisfacción por el fallo. El ministro Bolaños, en un intento torticero por blanquear un relato tan falso como hiriente, reivindicó la amnistía como “un éxito rotundo” y el instrumento que ha permitido pasar “de una de las peores crisis que ha vivido la democracia española” a una etapa de “normalidad institucional”. 

Resulta sencillamente insultante para el conjunto de los ciudadanos, y muy especialmente para los poderes del Estado de Derecho que actuaron en defensa de la democracia y respondieron con el dictado de la ley frente los autores de un referéndum ilegal, que el Gobierno de Sánchez pretenda hacer pasar la amnistía por algo que jamás será. Esta ley no es otra cosa que el resultado de una aberrante claudicación al secesionismo de Sánchez, que apostó por la ley probablemente más divisiva de la democracia con el objetivo motriz de retener La Moncloa. Por cierto, haciendo lo contrario que dijo que haría cuando se presentó a las elecciones. Esa es la realidad: amnistía a cambio del poder. Ese fue el dañino origen de una legislatura que ha puesto en jaque la estabilidad del país, y que conviene no olvidar. Y por cierto, nada ha cambiado en la mente de los secesionistas, que ayer mismo volvieron a arremeter con fiereza contra la justicia española, y consideran el aval de Europa como un impulso para el movimiento independentista que tiene como único objetivo romper España.