El mes de julio no da tregua ni al PSOE ni al Gobierno de Pedro Sánchez. La agenda judicial no deja de apretar, y pese a que la espiral ascendente no cesa, el Ejecutivo que lidera Sánchez está determinado, pensando en la pura supervivencia, en sacar adelante una agenda legislativa cada vez más difícil de desplegar pero llena de carga política. A la espera de que pueda producirse algún golpe de impacto aún mayor en las investigaciones judiciales o los informes de la UCO de la Guardia Civil, nada hace sospechar que Sánchez vaya a detonar el fin de la legislatura en breve. Pero lo que sí es evidente, es su empeño en la batalla del relato para tratar de revertir en los meses que quedan por delante antes de llegar a las urnas unos sondeos cada vez más desfavorables. No solo para el PSOE, también para Sumar, que sumido en un proceso de refundación y en un declive al que no se le adivina el final, pasaría a una intención de voto del 6-7%, frente al 12% de 2023. 

En sus últimas comparecencias en el Congreso, todos los socios le han exigido a Sánchez más iniciativa para lo que reste de legislatura. Y el Ejecutivo ha fijado como metas antes de que llegue agosto sacar adelante lo que han llamado la “refundación” de la dependencia y un decreto ley de vivienda, un problema cada vez mayor y que solivianta al conjunto de los ciudadanos. Está por ver que lo consiga, porque los socios aprietan sabedores de su debilidad. En este contexto de declive, el Partido Popular de Núñez Feijóo está obligado a no dejarse llevar por la ansiedad de tratar de alcanzar el poder antes de hora. De lo contrario, se pueden dar situaciones como las de la pasada semana, en la que el líder popular abordó un asunto tan delicado como estructural, por su real impacto en el mundo laboral, como el de las bajas médicas, desde una forma tan poco afortunada como injusta con el conjunto de los trabajadores. El debate existe y es necesario abordarlo, pero midiendo los términos. La ansiedad política de la oposición es oxígeno para un Sánchez acorralado.