La ola de calor que sofoca buena parte del país también sube la temperatura de las causas judiciales que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez y al propio Partido Socialista. Aunque la capacidad de sorpresa e indignación ciudadana corre el riesgo de quedar anestesiada ante tanto y continuado sobresalto, conviene insistir en señalar la excepcionalidad que suponen los autos y las imputaciones que se siguen conociendo. Ayer, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil implicó en el caso Leire al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano, “tanto con la obtención de beneficios en el ámbito empresarial de la SEPI, como con la defensa de los intereses de determinados miembros del PSOE o el Gobierno”. Sin duda, señalamientos de extrema gravedad que ahora tendrán que quedar acreditados o no por la Justicia, pero que relatan un modus operandi en los círculos de poder más estrechos de sanchismo que rezuman un hedor insoportable. 

La UCO sostiene que Serrano trabajó “estrechamente” con la exmilitante del PSOE Leire Díez en desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno a partir de la esperpéntica carta en la que Sánchez anunció sus días de reflexión tras la imputación de su mujer. De aquello han pasado ya más de dos años, y, más allá de la escena montada por el presidente, la causa judicial contra su mujer continúa. Por más que desde el Gobierno se trate de tirar balones fuera y contaminar el relato, resulta harto complejo de creer que las personas hoy imputadas en el caso de las ‘cloacas’, incluida nada menos que la directora de la Guardia Civil, hubieran actuado sin directrices superiores. Por la gravedad de las acusaciones y los señalamientos de los autos, es cierto que queda esperar que la Justicia dirima las posibles responsabilidades. Pero lo que cabe preguntarse es qué más tiene que pasar en este país para que alguien asuma responsabilidades políticas. La deriva no tiene fin.