Según el CIS, la vivienda es, de largo, la primera preocupación de la ciudadanía. Nuestra Constitución proclama que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada, y encomienda a los poderes públicos “la promoción de las condiciones necesarias y la aprobación de las normas pertinentes para hacerlo efectivo”. Es pues a los políticos a quienes en primera instancia incumbe solventar este problema. Y no lo están haciendo. Los partidos nacionalistas, enredados en sus ensoñaciones identitarias, no priorizan estas -para ellos- menudencias, como pudimos comprobar en el último Aberri Eguna organizado por Bildu en Pamplona, o en la celebración del pasado 1 de mayo, en la que el sindicato ELA se volcó, además de en reclamar un salario mínimo digno, en la demolición del Monumento a los Caídos, la disolución de la OTAN y el fin del imperialismo yanki. 

Desde que el pseudoprogresismo nos gobierna, los demandantes de VPO en Navarra se han quintuplicado. Nuestros mandatarios carecen de luces largas. Prefieren promover obras que puedan inaugurar, aunque sean puñeteras rotondas, antes que planificar desarrollos urbanísticos anticipándose a las necesidades a 5, 10 o 20 años vista, cuyos réditos políticos quizás acaben cosechando otros. En este contexto, Cataluña fue la primera comunidad española en topar el alquiler de vivienda en las zonas tensionadas. Ello provocó que los caseros optaran por los arrendamientos temporales o por habitaciones, no afectados por dichas restricciones, hasta que una reciente reforma las ha extendido también a estos supuestos. Según un informe de Atlas Real Estate Analitics, tres años después de la entrada en vigor de dicha normativa, la oferta de viviendas en Barcelona ha descendido un 62% y el precio ha subido una media del 31,8%. El desplome de la oferta ha afectado mayormente a los barrios más humildes, en los que las viviendas asequibles han desaparecido. Los estresados aspirantes a inquilinos han de someterse a un exigente casting. Absténganse rentas medias y bajas, y pierdan toda esperanza los más vulnerables, como familias con niños, a quienes es difícil desahuciar en caso de impago. Un agente inmobiliario publicó recientemente un video que mostraba cómo en 25 minutos recibió 100 emails y 32 llamadas interesándose por un alquiler recién ofertado en la capital catalana. Se ha demonizado a los propietarios asociándolos a despiadados fondos buitres. 

Según el Observatorio del Alquiler, el 93,4% de los caseros son particulares que arriendan una sola vivienda para pagar la hipoteca o complementar la cada vez más incierta pensión. Y recuerden que vivimos en un sistema capitalista basado en el legítimo ánimo de lucro de las sociedades mercantiles, inmobiliarias incluidas. Si alguna de ellas incumple la legislación que impide especular con la vivienda, actúese severamente. Pero castíguese también a aquellos responsables públicos que, según nuestra Oficina Antifraude, suscribieron contratos de promoción de vivienda social nulos de pleno derecho por infringir todas las normas imaginables. Sumándose a Cataluña, Navarra ha aprobado recientemente una declaración masiva de municipios como Zona de Mercado Tensionado, que abarca el 70% de la población. Buscan “destensar el mercado y paliar la insuficiente oferta de vivienda asequible actual”. Se acordó crear, además, una empresa mixta de capital público y privado “con la que se pretende favorecer una relación simbiótica de colaboración público-privada y no parasitaria”; registros de contratos de alquiler, de grandes tenedores; un nuevo servicio de información, asesoramiento y mediación; observatorios de vivienda; servicios de inspección, potenciar el Consejo de Vivienda… O sea, más burocracia y más funcionarios. 

¿Se acordará alguien, entre tanto, de construir más viviendas? Por cierto, uno puede entender que Barcelona, sin apenas suelo edificable al lindar con la sierra de Collserola, el mar y la corona metropolitana, sea zona tensionada. ¿Me puede explicar alguien por qué Pamplona también lo es cuando a veinte minutos andando desde el centro de la ciudad estamos rodeados de campos de cereal? La creciente intervención está generando una gran inseguridad jurídica. Se legisla mal, a salto de mata. El Colegio Notarial de Cataluña trasladó a la Generalitat una batería de preguntas relativas a la aplicación de la nueva normativa, muchas de las cuales siguen sin respuesta. Ante esta situación, las empresas inmobiliarias comienzan a trasladarse a otras comunidades; hay propietarios que prefieren dejar sus viviendas vacías y otros que las han vendido, aprovechando los altos precios, tensionando el mercado de alquiler hasta extremos insoportables. Otro tema, no menor, es la fiscalidad. Según un informe del IEE, el actual marco tributario español impone en todas las fases del ciclo inmobiliario una carga impositiva muy superior a la de la UE y de la OCDE. ¿Por qué se grava tanto un bien de primera necesidad? Concluyo. Nuestra consejera de vivienda se comprometía recientemente a perseguir el fraude velando por quienes alquilan temporalmente o por habitaciones. Yo le sugeriría que fuera más ambiciosa, pues hay proyectos de vida que no caben en una habitación. Y ello no pasa precisamente por replicar fórmulas fracasadas sino por promover más viviendas, tanto privadas como públicas. Y, en este último caso, a poder ser, sin ‘Servinavares’ llevándoselo crudo. Algo complicado, según está el patio, habiendo socialistas de por medio… 

Manuel Sarobe. Notario