Mira que la realidad es tozuda. Cuando se abría 2026, María Chivite buscaba dejar atrás el “caso Cerdán”, ese que cerca políticamente a su Gobierno desde hace un año. Y con un puñetazo sobre la mesa remodeló su Ejecutivo para darle “un impulso político” en su último año de Legislatura. Cinco meses más tarde, Salud y Educación, las dos principales áreas de gestión del Ejecutivo, viven sumidas en sus crisis más profundas a golpe de titular diario. Y un juzgado envía al Tribunal Superior a su antaño mano derecha en el PSN, Ramón Alzórriz, en una investigación por posible cohecho. Parece evidente que el panorama político no ha mejorado. No. Que el impulso, de momento, va cuesta abajo y sin frenos. Pero aquí seguimos.

La lección del fiscal Anticorrupción. Lo que sí se ha cerrado esta semana es el juicio a Ábalos y Koldo en el Supremo por el caso mascarillas. Y ha servido para descubrir un personaje, el del fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón. Sus alegatos finales en el juicio han sido un lección de ética pública para enmarcar. Una bocanada de aire fresco y de confianza en una institución gravemente dañada por la politización en su cúpula. Luzón describió en el juicio un sistema “colonizado y parasitado” por intereses políticos. Y clamó contra el vasallaje funcionarial. “Ese es el contexto cuasi colonial en el que está asumido que la mera sugerencia del ministro, sus meros deseos, se convierten en órdenes” señaló.

Recordó que la corrupción es la gran fuente de frustración de los ciudadanos frente a las instituciones. De ahí la importancia de atajarla con toda la energía. Su mensaje es de los que dignifica a los profesionales públicos en su independencia.

Presidentas en el Parlamento. Y a punto de terminar está la Comisión de Investigación del Parlamento foral sobre Servinabar y las obras públicas como Belate. Se cierra esta semana con la presencia de dos últimas presidentas, Uxue Barkos (Geroa) y María Chivite (PSN). Son los dos gobiernos que han concedido obras a Servinabar, la empresa que está en el centro de las sospechas de corrupción que investiga la Audiencia Nacional.

Su antecesora en el puesto, la expresidenta Yolanda Barcina (UPN), citada para hacer la del calamar, extender la tinta de las sospechas, le salió rana al bloque del Gobierno. Vaya, que toreó a todos los intervinientes. ¿Y qué hago yo aquí? les vino a decir con mucha educación y una sonrisa. Y dejó una perla. Su agradecimiento a EH Bildu por crear la Oficina Anticorrupción, destinada a levantar las alfombras del mandato de UPN y que no encontró nada. Oiga, esa misma Oficina que ahora ha señalado que la adjudicación de las obras de los túneles de Belate (gobierno Chivite) debieran haberse anulado por el cúmulo de irregularidades detectadas.

Más allá de la comisión, que es puramente política, sería muy necesario que la Justicia, la única con capacidad de esclarecer la verdad, avanzara con rapidez.

Lentitud injusta. Una Justicia lenta pierde su sentido. Juzgar ahora el caso Kitchen del PP (hechos de hace 13 años y una investigación iniciada hace 8) es un despropósito.

En Navarra tenemos la querella de Vox contra Sendaviva y Ramón Alzórriz que el juzgado ha tardado casi un año en admitir a trámite. Vaya, en dar sólo el primer paso. En decidir que va a investigar si hay o no indicios de delito. Algo que se antoja no muy complejo. Averiguar si las obras en el parque se trocearon o no y si las reformas en casa del dirigente socialista (hechas por la misma empresa) se pagaron a precios reales o no. Una duda que debe despejarse en un plazo prudente. Punto. Por respeto a los acusados y a la ciudadanía que tiene derecho a la verdad.

Y que, sin embargo, amenaza ahora con quedar en un limbo de jurisdicciones. Que si lo puede investigar el Juzgado, o el Tribunal Superior (porque Alzórriz es aforado) o incluso el Supremo (si se incluye la petición de Vox de encausar al consejero Arasti). Tiene todos los papeles para eternizarse y sería malo para todos.

También el caso Cerdán-Servinabar ha cambiado de jurisdicción y eso va a hacer que embarranque en los plazos. Estaba en el Supremo, donde van rápido. Pero al desaparecer el aforado Ábalos, ha pasado a la Audiencia Nacional, un órgano mucho más saturado de trabajo. Lo dicho. Casos que impactan tanto en la vida pública exigen agilidad y rapidez. Una justicia lenta no es justicia.