Fiscalidad Navarra: escaparate poco atractivo

Imaginen que están ustedes paseando por la Avenida de Carlos III, en pleno centro de Pamplona, deteniéndose ante los escaparates. Si el escaparate no les resulta atractivo, lo más probable es que ni siquiera entren. Y si lo hacen, quizá encuentren algo interesante… o quizá no. Esta metáfora no es mía, pero describe muy bien nuestro modelo tributario. Y la conclusión es clara: Navarra no resulta atractiva. Nuestro escaparate no es el peor, pero junto al nuestro hay otros más llamativos que se llevan el gato al agua. Navarra presenta unas cuentas públicas saneadas con el menor nivel de deuda de toda España y vive, además, un momento de recaudación récord. En 2025, los ingresos fiscales superaron los 5.800 millones de euros, lo que supone un incremento del 84% en términos absolutos en una década. A pesar de esta posición de fortaleza, la Comunidad foral sigue situándose en términos de competitividad fiscal muy lejos de otros territorios como País Vasco o Madrid, incluso teniendo la capacidad normativa para adaptar su sistema tributario. 

Conviene recordar un par de ideas que a menudo se olvidan: una, que una mayor presión fiscal no implica automáticamente una mayor recaudación y dos, que la fiscalidad no puede tener como único objetivo recaudar. Su función debe ser también la de servir como palanca para impulsar políticas públicas, es decir, es una herramienta estratégica. Por ejemplo, ante el problema de acceso a la vivienda habitual, cabría plantear medidas que reduzcan la carga impositiva en la adquisición o incentiven el ahorro previo. En un contexto de despoblación, la fiscalidad puede contribuir a fijar población. Incluso en ámbitos estatales, como las pensiones, los incentivos fiscales han demostrado que pueden modificar comportamientos y aliviar tensiones futuras. Podríamos ser también un referente en fiscalidad del ahorro, del emprendimiento y talento. Pero hay un ámbito donde el problema del modelo navarro es especialmente evidente y preocupante: nuestra escasa capacidad de atraer empresas y talento o la de ayudar a que se creen nuevas empresas en nuestro territorio. Las empresas y los emprendedores valoran múltiples factores a la hora de decidir su ubicación, como la estabilidad jurídica, la cercanía institucional, la conectividad, el talento o la calidad de vida, pero el marco fiscal es determinante. Y aquí el diferencial no juega a nuestro favor. 

El caso de la injusta imposición sobre el patrimonio y las herencias es paradigmático. Coloquialmente se decía que la gente venía a Navarra a morir por la ventaja fiscal a este respecto, pero ésta ha desaparecido desde 2018. En 2025, el impuesto sobre Sucesiones y Donaciones aportó el 1,3% de la recaudación total (79 millones de euros) y el de patrimonio el 0,7% (46 millones). Es decir, un peso muy reducido pero para las personas que lo soportan es muy significativo. Su eliminación o bonificación tendría un efecto recaudatorio limitado, en el corto plazo, pero potencialmente positivo en el largo si consigue atraer a nuevos contribuyentes. En este punto emerge el debate recurrente, casi siempre simplista: “que paguen los ricos”. Pero conviene introducir rigor. En Navarra, el 1,7% de los contribuyentes declara más de 120.000 euros y aporta el 22% del IRPF. Igualmente, el 6% de los que declaran patrimonio (más de 3 millones de euros) ingresan el 55% de la recaudación total por el impuesto de Patrimonio. Navarra necesita atraer empresas de importante valor añadido que contraten a trabajadores con altos salarios, y un tipo del 52% no ayuda. En el otro extremo, Navarra ha fijado el tipo más bajo de todas las CCAA (el 13%) hasta los 20.000€, pero no ha tenido en cuenta, por ejemplo, que en el País Vasco estos contribuyentes ni siquiera tributan. 

¿Qué hacer ante este diagnóstico? Desde Institución Futuro llevamos tiempo planteando algunas líneas de actuación que, sin ser exhaustivas, sí marcan una dirección clara. Resulta imprescindible deflactar de manera sistemática la tarifa del IRPF. No hacerlo supone incrementar la carga fiscal de los contribuyentes y empeorar su poder adquisitivo real. Igualmente, en el cálculo de la plusvalía/minusvalía en las transmisiones patrimoniales el precio de compra se debiera actualizar con el IPC, como se hacía anteriormente y otras comunidades igualmente lo mantienen. Además, es necesario avanzar en la mejora del impuesto de sociedades, y hacerlo con ambición, primando la inversión y situándolo al menos en niveles comparables a los territorios más competitivos, como en el País Vasco. Ajustar el IRPF para hacerlo más atractivo y coherente con nuestro entorno también debería ser una prioridad. Ser implacables con el fraude fiscal para que quien tiene que pagar lo haga, en tiempo y forma. 

Y, finalmente, abordar la eliminación o bonificación de figuras como el Impuesto sobre Sucesiones y donaciones y el Impuesto sobre el Patrimonio que, además de injusto, su eficiencia recaudatoria es limitada y los efectos económicos resultan contraproducentes. Son impuestos que recaen sobre ahorros que ya han tributado anteriormente. Todos estaremos de acuerdo en que para sostener los servicios públicos se necesita pagar impuestos. Pero los ciudadanos tenemos derecho, e incluso la obligación, de exigir a nuestros gobernantes que se haga un buen uso de la recaudación. Ese es un debate para otro artículo. Lo preocupante es que muchas de estas ideas son conocidas, incluso compartidas en parte por quienes gobiernan Navarra. Sin embargo, la realidad política impone equilibrios y concesiones. Y así, lo que debería orientarse al interés general acaba subordinado a mayorías parlamentarias. El riesgo es claro: que el escaparate siga sin atraer clientes, mientras otros territorios compiten y ganan en el mismo mercado. 

José María Aracama Yoldi. Vicepresidente del think tank Institución Futuro.