EL pasado 5 de marzo, la Cámara de Comptos emitía el informe de Cuentas Generales de Navarra 2024. Dicho informe contiene un “informe de discrepancia” del auditor ponente, que no es otro que el encargado de elaborar el borrador del informe de fiscalización, y también contiene la respuesta del Presidente de la Cámara de Comptos a esas discrepancias. 

No osaré valorar quién tiene razón, si el auditor ponente o el presidente de la Cámara de Comptos, no tengo conocimientos para hacerlo, pero después de leer los informes de las Cuentas Generales de Navarra de 2023 y 2024, hay algunas cuestiones que me llaman la atención. Y pondré algunos ejemplos. El informe de Cuentas Generales de Navarra de 2023, obviamente avalado por el Presidente, recogía algunas valoraciones concretas sobre la concesión de subvenciones nominativas otorgadas por el Gobierno de Navarra y vía enmiendas a instancias del Parlamento. El informe decía que “no considera razonable el significativo aumento de las subvenciones nominativas aprobadas a través de enmiendas parlamentarias”, añadiendo que esa tendencia “sigue sin garantizar los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Ley Foral 11/2005 de Subvenciones, ya que el régimen de concesión directa (a dedo) de subvenciones es un régimen excepcional, en el que, si bien se sacrifica el principio de concurrencia, en ningún caso debe ser discriminatorio”. El auditor, en su borrador de Cuentas Generales de Navarra 2024, y con datos de las subvenciones otorgadas en 2024, mantenía el mismo criterio que en las Cuentas Generales de Navarra 2023, criterio que el Presidente de la Cámara, esta vez, no ha incluido en el informe definitivo alegando que “el tratamiento que se hace de las subvenciones nominativas está fuera del alcance de la fiscalización”.

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Otra de las discrepancias entre el auditor y el Presidente de Comptos tiene que ver con el Análisis de Sociedades Públicas, entre ellas, Nafarbide y el INI. Sobre Nafarbide, el auditor dice que la sociedad pública “se convierte en una intermediación innecesaria entre la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y el libre mercado (no coherente con la exigencia de eficiencia) que incrementa los costes del servicio, reduce la exigida eficiencia y no existiría si se recurriese directamente a un proceso de contratación desde la propia administración”. El auditor pide la disolución de Nafarbide. Sobre el INI, en las Cuentas Generales de Navarra de 2022, Comptos recomendaba “adoptar las correspondientes medidas para evitar la coincidencia o duplicidad de la actividad existente entre el INI y Sodena”. 

El auditor, que entiende que no se han adoptado las medidas recomendadas, propone “disolver la sociedad pública INI a fin de evitar duplicidades contrarias al principio de eficiencia en el uso de los recursos públicos, realizándose sus funciones por SODENA, que ya las tiene incluidas dentro de su objeto social”. La respuesta del presidente de Comptos ha sido que “evidentemente existen solapamientos de los objetos sociales entre ambas sociedades (¿entonces?) puesto que la función esencial de ambas es el desarrollo empresarial de la Comunidad Foral”, pero “da por cumplida razonablemente la recomendación de 2022 en cuanto a delimitar la actividad a realizar por ambas sociedades”, y añade que “en ningún momento esta Cámara recomendó directamente la disolución de dicha sociedad una vez constituida, ni es competencia de esta Cámara hacerlo”. El Presidente de Comptos dice que el auditor “expone una opinión personal alejada de las normas técnicas de auditoría en un informe de Cuentas Generales”. Pues fíjate que me he encontrado con la “opinión personal” de la Cámara de Comptos, en su informe de 2016, recomendando al Ayuntamiento de Cintruénigo disolver y liquidar la sociedad municipal dedicada al servicio de limpieza y conserjería. Y también con la “opinión personal”, en su informe de 2022, recomendando al Ayuntamiento de Tafalla la disolución de la sociedad pública municipal Ciudad Deportiva Tafalla, S.A. Y, por último, capítulo aparte merece la discrepancia del auditor sobre el modificado de las obras de Belate, ya que considera que Obras Públicas prescindió de la legalidad al aprobarlo. Pero esto lo dejaré para otro día.

Todo lo anterior no supone más que el relato de unos hechos que hemos conocido por la prensa debido a la excepcionalidad por las discrepancias entre un auditor y el Presidente de la Cámara de Comptos. Nadie ha juzgado ni a uno ni a otro porque las posturas de ambos responden al derecho a discrepar que le asiste al auditor, y a la potestad del Presidente de elevar a definitivo el informe que considere oportuno. Pero hete aquí que cuatro expresidentes de la Cámara de Comptos han suscrito un comunicado en defensa del actual Presidente. 

Pero a ver, ¿quiénes se han creído estos cuatro expresidentes que son? ¿Intocables? ¿Se creen que nadie debe discrepar de sus informes? Flaco favor le hace a la institución cuestionar la libertad de un auditor a emitir sus discrepancias amparadas en el artículo 22.2 de la Ley Foral 19/1984 que reconoce el derecho del auditor ponente a dejar constancia por escrito de su criterio cuando difiera del incorporado en el Informe definitivo aprobado por la Presidencia. Si estos cuatro expresidentes de la Cámara de Comptos querían mostrar su apoyo al actual Presidente, podrían haberle organizado una comida privada y haberle regalado una pluma con la inscripción “eres el mejor”, pero resulta totalmente extemporáneo emitir un comunicado público por el simple hecho de que un auditor, tan profesional como el Presidente, haya mostrado unas discrepancias. No entiendo qué pretenden con ese rancio y extemporáneo corporativismo. ¿Mandar al auditor a una nave a Landaben?

Chon Latienda Urroz es comentarista política.