El Parlamento someterá hoy a convalidación un decreto ley que contiene las medidas anticrisis del Gobierno destinadas a paliar el impacto económico de la guerra de Oriente Medio, con especial atención a los precios de la energía y los carburantes y a la protección de los colectivos más vulnerables. 

El decreto ley contiene rebajas fiscales a los productos energéticos; un 10% en el IVA de los carburantes que supondrá un ahorro de hasta 30 céntimos el litro a los consumidores. La drástica rebaja en la fiscalidad energética llega hasta el 60% en la electricidad, mientras se congela el precio de la bombona de butano y propano y se recortan las tasas del gas natural, leña y pellets. 

El dictamen que se somete hoy a las Cortes contiene más de ochenta medidas y supondrá un coste de hasta cinco mil millones de euros, pero el Gobierno ha desgajado en un segundo decreto, cuya convalidación no tiene fecha fijada, el límite a los beneficios empresariales y las iniciativas en materia de vivienda y congelación de los precios del alquiler. 

Esta fragmentación responde al desacuerdo de una parte de la Cámara con medidas muy invasivas en una economía de libre mercado. La incertidumbre económica tanto a nivel global como en las pequeñas empresas y las familias, hacía urgente la implementación de ayudas públicas para evitar daños onerosos en el tejido económico social. 

Sin embargo, en primer lugar, la dilación en atajar el problema y en segundo, la ampliación de gasto estructural sin introducir alivios tributarios inmediatos a los hogares y los trabajadores, ha enmarañado esta gestión convirtiendo la solución en un problema político. En el ámbito energético se modifica el marco normativo del sector eléctrico sin estudios de impacto y mantiene la controvertida estrategia de cierre de las centrales nucleares. 

Las disposiciones del Ejecutivo se centran en medidas de intervencionismo económico y gasto público en ausencia de unos Presupuestos Generales del Estado y no incluyen la deflactación del IRPF con la actualización de los mínimos personales y familiares, lo que implica que los contribuyentes seguirán pagando más impuestos en términos reales. La aprobación de 3.400 millones en suplementos y créditos extraordinarios, sin tener nuevos Presupuestos Generales del Estado, también supone una ampliación del gasto público por decreto sin seguir la tramitación ordinaria.