Pocas cosas quedaban por ver ya en la política española. Un consejo de Ministros paralizado dos horas por un motín de cinco ministros que se niegan a entrar en la sala era una de ellas. Suena a esperpento, pero ya la hemos experimentado. El viernes, los cinco ministros de Sumar (la fuerza que todavía comanda Yolanda Díaz), lograron paralizar la reunión del máximo órgano ejecutivo del país en La Moncloa hasta “obligar” a Pedro Sánchez a incluir sus propuestas de vivienda en las medidas para hacer frente a la guerra de Irán. Luego todos vendieron que, al final, hubo paz y no crisis de Gobierno, que era la otra salida. Pero cabe sospechar que si la política institucional se respeta tan poco a sí misma con semejante espectáculo, es muy difícil de lograr que los ciudadanos de a pie lo hagan.

La historia de Comptos. Y en otro orden de cosas, el cisma interno de la Cámara de Comptos en Navarra que hemos conocido estos días tampoco ayuda nada a cimentar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.

La Cámara de Comptos es el órgano encargado de fiscalizar las cuentas del Gobierno de Navarra y los ayuntamientos, de garantizar a los ciudadanos cómo se gastan sus impuestos por tanto y, además, de hacer recomendaciones para gestionar mejor el dinero público. Hunde sus raíces en el siglo XIV, cuando la creó Carlos II en el Reino de Navarra, llegó viva hasta el siglo XIX, cuando se suprimió fruto del vendaval centralista de la época, y fue recuperada en 1980 como un órgano técnico del Parlamento.

Que realice su trabajo desde la independencia política y la profesionalidad de sus técnicos es la clave para sostener su credibilidad. Una cualidad bien ganada y reconocida a lo largo de todas estas décadas en la vida pública de la Comunidad foral, con pocas excepciones.

Por eso, el choque de trenes interno conocido esta semana en la institución encargada del control del dinero público es algo más que un accidente en la vida administrativa. Genera una evidente desconfianza difícil de controlar y difícil de explicar al ciudadano común. Yañadir incertidumbres es justo lo único que no necesitan las instituciones en estos tiempos de zozobras en todos los campos.

La friolera de 6.000 millones. Una vez al año, la Cámara hace un informe con las cuentas del Gobierno de Navarra. Analiza la friolera de 6.000 millones en gastos, los de la Administración foral y sus empresas en 2024. Los auditores siempre emiten un informe que incluye críticas a la gestión y recomendaciones de mejora. Es lo que se espera de ellos. Es su función.

Pero este año, las paz interna ha estallado en esta pequeña institución. Ha habido un conflicto entre el auditor encargado del trabajo y el presidente de la Cámara, que es quién debe firmarlo y ratificarlo. El presidente ha rebajado de forma muy notable la dura crítica contenida en el informe del auditor en varias cuestiones esenciales y que están en la primera línea del debate político en Navarra.

Por ejemplo, las cuestionadas obras de los túneles de Belate, las subvenciones “a dedo” (que son un abuso político evidente) o la petición del auditor de que el Gobierno disuelva por injustificadas dos sociedades: Nafarbide (obras en grandes vías), y el INI (inversiones empresariales), ambas en solfa desde su nacimiento.

Comptos lleva años siendo muy crítica con estas sociedades (con toda la razón del mundo) y con la gestión de Belate, es cierto. Pero ahora, el auditor lleva la crítica un paso más allá y el presidente, y la mayoría de auditores, considera que se ha extralimitado en algunos juicios y valoraciones. Y que no corresponde a la Cámara de Comptos decirle al Parlamento qué debe hacer o no.

La batalla emerge porque existe un procedimiento interno garantista que asegura que el auditor cuyos juicios han sido “suprimidos” pueda dejar constancia pública de su posición real. Es la primera vez en su historia que ocurre. Una tormenta que le ha estallado al presidente Ignacio Cabeza, que fue nombrado en su día por los partidos que apoyan al Gobierno, cierto, pero que también es un profesional que ha sido auditor en Comptos treinta años.

Franqueza frente a mesura. En el fondo, también hay un problema evidente de tono. La mesura y asepsia técnica clásica frente a una franqueza directa, osada incluso, que enlaza con una hornada de funcionarios clave hoy en Navarra (Intervención, Oficina Anticorrupción) que entienden su función sin cortapisas ni filtros a la hora de ejercer de control al poder.

Que pueden tener razón o no, pero en los que los ciudadanos tienden a depositar su confianza a la vista del descrédito que arrastra la política y la necesidad de referencias independientes en un sistema al que le crujen las cuadernas.

Por ello, el problema es que la pugna ha estallado en público porque no se ha podido o sabido gestionar por los canales internos en el caserón gótico de la calle Ansoleaga, la sede de la institución desde el siglo XVI. Una bronca tan ruidosa entre auditores no es buena para nadie.