A la atención del Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero

Expresidente del Gobierno de España

Estimado Sr. Zapatero:

Me dirijo a usted como presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), asociación que representa a más de 500 víctimas del terrorismo, mayoritaria en la Comunidad Autónoma Vasca, con Estatus Consultivo Especial ante ECOSOC de Naciones Unidas. Nuestra labor se centra en la defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, del Estado de Derecho, de la libertad y de la pluralidad ideológica, así como en la deslegitimación del terrorismo.

Lo hago tras escuchar sus recientes declaraciones en el Senado sobre Bildu, la convivencia en Euskadi y el supuesto horizonte de «olvido», «perdón» y «reconciliación» que, a su juicio, debería guiarnos como sociedad. Y lo hago para recordarle algo esencial: una convivencia pacífica y democrática no puede edificarse sobre el blanqueamiento de ETA ni sobre la desmemoria de sus víctimas.

Usted reivindica el derecho de Bildu a participar en las instituciones democráticas y el de sus votantes a ver representadas sus ideas dentro de la legalidad, y elogia a quienes, según sus palabras, «contribuyeron a la paz desde posiciones antagónicas». Pero quienes hemos sufrido directamente el terror de ETA no podemos aceptar ese apoyo moral en el que usted insiste, una y otra vez, en dar a Bildu. Bildu será una formación legal, pero la legalidad no equivale automáticamente a legitimidad democrática. Y su calidad democrática sigue siendo, como mínimo, profundamente cuestionable mientras no condene y deslegitime de manera inequívoca la trayectoria criminal de ETA, mientras no asuma la injusticia radical del terror ejercido durante décadas y mientras su prioridad siga girando, una y otra vez, en torno a la excarcelación de los presos de ETA, a los que siempre califican de «presos políticos».

Reconocer su derecho a concurrir a las elecciones o a tener representación institucional no puede implicar ignorar sus responsabilidades por haber dado amparo a ETA ni renunciar a un juicio moral sobre su conducta presente. Y si hoy sigue siendo legítimo cuestionar su compromiso democrático es, sobre todo, porque son ellos mismos quienes exhiben que no existe una ruptura real con ese pasado: basta observar su estrategia, sus discursos y sus gestos; basta comprobar que Arnaldo Otegi sigue encarnando la simbiosis de ese espacio político con ETA. Una cosa es reconocer derechos políticos dentro del marco legal; otra muy distinta es presentar a quienes no han roto de forma inequívoca con el legado criminal de ETA como ejemplo de compromiso democrático. Esto último es indigno e inmoral.

Afirma usted que la sociedad vasca es hoy un ejemplo de convivencia. Ojalá esa afirmación pudiera sostenerse sin matices. Es cierto que ETA ya no asesina y que no vivimos bajo la amenaza diaria de los atentados: esa es, sin duda, la mejor noticia de los últimos años y no hemos vivido un tiempo mejor. Pero el legado de quienes ejercieron el terrorismo durante décadas sigue muy presente en el espacio público de Euskadi y de Navarra. La libertad sigue condicionada en demasiados ámbitos por los mismos sectores que durante años jalearon, justificaron o encubrieron a los terroristas. Las calles siguen siendo, con demasiada frecuencia, un lugar de legitimación del terrorismo: homenajes a terroristas como si fueran héroes, mensajes de petición de impunidad por sus crímenes y una normalización política y social de quienes nunca han hecho una verdadera autocrítica del horror causado.

Si hoy ETA ya no mata, y se puede hablar de paz y convivencia, es en gran medida porque las víctimas no respondimos a la violencia con más violencia. Nuestra renuncia a la venganza evitó que el terrorismo derivara en un conflicto, y nuestra defensa del Estado de derecho sostuvo la convivencia incluso en los años en los que convivíamos, en las mismas calles, con quienes querían asesinarnos o habían asesinado a nuestros familiares. Nuestro país tiene una deuda infinita con nosotras, las víctimas, que hemos sido —y seguimos siendo— los principales referentes de paz y convivencia. Y es precisamente aquí, en cómo se ha producido el final del terrorismo y cuáles han sido sus consecuencias, donde su responsabilidad política e histórica resulta ineludible.

Desde COVITE llevamos años denunciando que las consecuencias del final de ETA negociado las estamos pagando las víctimas. No discuto que lo más importante fuese que ETA dejara de matar. Pero vamos a contar la verdad de por qué dejó de matar. Una sociedad democrática no debería conformarse con el cese de los asesinatos: también debe preguntarse a qué precio se produjo ese final. A comienzos de los años 2000, el Estado de derecho estaba cerca de derrotar verdaderamente a ETA mediante la acción policial y judicial y la ilegalización de sus brazos políticos. Sin embargo, con su llegada al Gobierno en el año 2004 se optó por negociar con la propia ETA las condiciones de su final, alterando profundamente ese camino. Usted mismo oficializó esa negociación ante el Congreso de los Diputados en junio de 2006 y obtuvo el aval para ello.

Esa negociación no fue un concepto abstracto: tuvo un guion, unas cesiones y una hoja de ruta que hoy están a la vista de todos, y que quedó reflejada en el Acuerdo de Gernika de 2010. Y más tarde, con el Gobierno posterior al suyo, lejos de revertirse ese proceso, se terminó consolidando un final de ETA en el que las víctimas hemos soportado —y seguimos soportando— el coste de una paz construida sobre altas dosis de impunidad. Por eso, cuando se proclama la victoria de la democracia sobre ETA, tengo el deber de decir que ese relato es, como mínimo, incompleto y profundamente injusto con quienes cargamos con las consecuencias.

La primera exigencia de ETA, y posterior cesión, fue la legalización de sus brazos políticos, hoy representados por EH Bildu. Conviene recordar que el Tribunal Supremo se opuso a esa legalización en una sentencia de 2009. Y conviene recordar también cómo reaccionó usted: «Eso lo arregla el Tribunal Constitucional». Y vaya si lo arregló. Revirtió el criterio del Tribunal Supremo y permitió que las marcas electorales de la izquierda abertzale regresaran a las instituciones. Usted mismo ha reconocido públicamente que, en el marco de la negociación política para lograr el final de ETA, se les ofreció volver a

ellas.

La segunda cesión fue la escenificación de un «final sin vencedores ni vencidos» que, lejos de deslegitimar el terrorismo, ha facilitado su blanqueamiento. Por eso vimos el acto de autodisolución de ETA en la localidad francesa de Cambó-les-Bains el 4 de mayo de 2018. En un país democrático no son las organizaciones terroristas quienes protagonizan su propio final para sacar rédito propagandístico, con la correspondiente humillación a sus víctimas, sino que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado quienes deben hacerlo, deteniendo a sus miembros y poniéndolos a disposición judicial. ¿Quién ha visto esa operación policial? Nadie. Porque nada de eso ha ocurrido en España con ETA. Se nos hurtó la verdadera foto de la derrota de ETA. Y la tercera cesión, la más grave para las víctimas porque supone un ataque frontal a nuestro derecho a la justicia, ha sido la consolidación de la impunidad: excarcelaciones fraudulentas de terroristas y decenas de prófugos de la justicia a los que no se ha detenido desde el «cese definitivo» de 2011, ni se va a detener, para que respondan por sus crímenes. Ese es el precio de este final de ETA negociado que estamos pagando las víctimas mientras los ideólogos yy responsables políticos de aquella maquinaria de terror hacen política con alfombra roja y reciben sus elogios, como si ETA no hubiera existido jamás.

Por todo ello, resulta especialmente hiriente escucharle hablar de «olvido» y alabar públicamente a Bildu, a quienes considera «artífices de la paz», y, al mismo tiempo, no haberle escuchado nunca una mínima palabra de agradecimiento y respeto hacia las víctimas de ETA. No es solo la enésima omisión política que usted comete: es una falta de consideración total hacia quienes hemos pagado el precio más alto del terrorismo de ETA, perdiendo a nuestros familiares o resultando heridos de por vida. Lo mínimo que cabría esperar de un expresidente del Gobierno es una actitud de prudencia, respeto y reconocimiento hacia las víctimas de ETA. No el elogio a nuestros verdugos. No la invitación al olvido. No la indulgencia con quienes siguen sin deslegitimar el terror y sin siquiera ser capaces de decir que matar estuvo mal, tal y como se lo he preguntado en repetidas ocasiones a representantes de Bildu frente a frente.

La convivencia democrática solo será sólida si se asienta sobre principios claros: la verdad de lo ocurrido, la memoria de quienes fueron asesinados, heridos y perseguidos, y la deslegitimación total del terrorismo. Todo lo que se aparte de ese camino no contribuirá a cerrar heridas, sino a reabrirlas.

Atentamente.

Consuelo Ordóñez. Presidenta de Covite.