Hace escasos días se hizo pública la 31ª edición del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025 de Transparencia Internacional, el informe más prestigioso y riguroso que existe para medir la percepción de corrupción en todos los países del mundo. Los datos son preocupantes para España y para la propia calidad de nuestra democracia.

En 2025, España se situó en el puesto 49 de 182 países, con una puntuación de 55 sobre 100 (siendo 100 el mejor resultado posible), empate técnico con Chipre y Fiyi en su nivel de percepción de la corrupción, y por debajo de países como Ruanda o Botsuana, a los que antes superábamos. Esta posición sitúa a España prácticamente en la mitad inferior de la tabla mundial, y refleja un claro retroceso respecto a ejercicios anteriores (ha bajado 3 puestos con respecto al año anterior y 17 puestos en 5 años). Países como Dinamarca (89), Finlandia (88) o Singapur (84) encabezan las primeras posiciones, destacándose como los más limpios y transparentes. En el extremo opuesto, naciones como Sudán del Sur, Somalia o Venezuela cierran el ranking con las puntuaciones más bajas.

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El mejor registro histórico de España en este índice se obtuvo en 2002, con 71 puntos, marcando el techo de nuestro desempeño en más de dos décadas. Desde entonces, y de forma especialmente acentuada en los últimos cinco años, la posición en la clasificación y la puntuación ha ido descendiendo de forma casi ininterrumpida.

No hace falta tener una capacidad analítica extraordinaria para atar cabos y saber que los países con mayor índice de corrupción tienden a arrastrar peores resultados en términos económicos, sociales o de seguridad. La corrupción es un cáncer que afecta a toda la sociedad y son los ciudadanos quienes sufren de forma injusta sus consecuencias: el dinero público -es decir, su dinero- acaba en los bolsillos de los corruptos en vez de destinarse a mejores servicios públicos como infraestructuras, sanidad o educación. Por tanto, combatirla debería ser una prioridad indiscutible para cualquier gobernante.

Algunas de las razones por las que España está en caída libre son la falta de políticas concretas y eficaces contra la corrupción. No olvidemos que el informe de la Unión Europea sobre la aplicación del marco de integridad y lucha anticorrupción nos ha señalado, reiteradamente, deficiencias en sectores como la contratación pública, la supervisión de altos cargos o la protección de los denunciantes.

Sin entrar a valorar los casos de corrupción mediáticos que han ocupado la mayoría de las portadas en el último año, tampoco ayuda la creciente politización de las instituciones. Como colofón cabe mencionar la primera condena de la historia a un Fiscal General del Estado. Otra causa del mal resultado y que pasa desapercibida, es la falta de presupuestos generales que permitirían crear y dotar de medios a agencias estatales de lucha contra la corrupción, entre otros mecanismos.

En el sector privado, las empresas que deciden mitigar los riesgos de corrupción invierten en implantar o reforzar sus programas de cumplimiento normativo (Compliance). Las empresas que van por este camino también tienen una fuerte ventaja frente a sus competidores: serán empresas más sostenibles y lograrán mejores resultados a largo plazo, ya que reducen sus riesgos legales y reputacionales. Una empresa con un programa de cumplimiento sólido será una empresa confiable y, en el panorama empresarial actual, la empresa que genera confianza es una empresa valiosa. Volviendo al punto clave de estas líneas, quiero alertar del riesgo que supone para todos nosotros la falta de voluntad de nuestros gobernantes para afrontar con seriedad la lucha contra la corrupción, verdadero lastre para nuestro desarrollo, y cómo podrían extrapolarse a la administración pública los controles y buenas prácticas que se aplican con éxito en empresas que cuentan con programas de ética y cumplimiento fuertes.

Es momento de actuar con determinación, de exigir una respuesta política contundente para reforzar las instituciones de control, blindar la transparencia y garantizar que, quienes gobiernan y gestionan lo público, lo hagan con integridad. No sigamos por el mal camino y reaccionemos de inmediato. Ojalá no llegue el día en que sea demasiado tarde.

Jaime Olivar del Burgo es jurista y experto en cumplimiento normativo.