La decisión del Gobierno de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, anunciada este martes por Pedro Sánchez en un foro en Dubái, revela la necesidad de extremar los controles en un mundo digital salpicado de oportunidades, pero también de peligros, especialmente para los colectivos más vulnerables. 

En línea con el veto impuesto por Australia y seguido de cerca por Francia y Reino Unido, la propuesta del Ejecutivo español supone una malla de protección frente a la desinformación, los discursos del odio y los contenidos inapropiados por su violencia explícita o contenido sexual. Pendiente de una aprobación supeditada a la frágil estabilidad parlamentaria de Sánchez, la clave de esta prohibición no sólo estará en la protección del destinatario, sino también en la fuente. 

Es imprescindible preservar a los jóvenes de los riesgos que extraña la exposición en las redes, absolutamente desproporcionada por la proliferación de soportes. Pero quizá lo sea más controlar en origen la difusión de datos inadecuados, cuando no delictivos. Y para ello los gestores y propietarios de las plataformas tienen una gran responsabilidad. 

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Sánchez ha planteado una amplia batería de medidas, entre ellas la incorporación de sistemas de verificación de edad, que aún están pendientes de concretar para garantizar su eficacia. Sobre todo a la hora de responsabilizar a los directivos de eventuales infracciones o de obligarles a retirar a tiempo contenidos ilícitos que vulneren la intimidad y la dignidad de las personas. 

Las redes digitales han demostrado su enorme valor en el intercambio de conocimientos y en la gestión del ocio. Pero también constituyen un coladero de lo peor de nuestra sociedad, capaces de romper fronteras con su colosal influencia. La batalla colectiva para evitar estas fallas y actuar con prevención exigirá más severidad en la vigilancia de la ciberdelincuencia y, a la vez, no descuidar la educación desde casa y el entorno escolar.