En un giro desafortunado de los acontecimientos, los representantes políticos han visto en la tragedia de Adamuz una ocasión espléndida para iniciar una guerra institucional. El portavoz del Consell de la Generalitat valenciana, Miguel Barrachina, criticó ayer durante una rueda de prensa que las víctimas de la dana “valen tres veces menos que las de Adamuz”, porque sus familias habrían recibido “unos 72.000 euros por 210.000 de las víctimas del accidente ferroviario”. 

También acusó al gobierno de Pedro Sánchez de haber acelerado la tramitación de las ayudas de Adamuz, en cuya tragedia se ha visto involucrado el ministro de Transportes, Óscar Puente; y de haber demorado “hasta el infinito” las de la dana, en cuya catástrofe se vio fatalmente manchado el gobierno de la Comunidad Valenciana. 

Sin duda, es legítimo preguntarse por la justificación que explica que las ayudas a los afectados por la dana -reguladas por la Ley de Protección Civil- sean de una cuantía inferior a las de los afectados por el siniestro de Adamuz -que, al caer bajo el paraguas de la responsabilidad patrimonial y civil del Estado, son acreedoras de más conceptos en el cálculo de la indemnización-. 

¿ERES SUSCRIPTOR? AQUÍ TIENES MÁS INFORMACIÓN SOBRE ESTE TEMA

Amplía la información sobre OPINIÓN en la edición e-paper de Diario de Navarra, disponible a diario para suscriptores de papel y PDF

Leer ahora

Pero el marco en que debe establecerse dicho debate es otro: si tal diferencia de trato es éticamente justa o no y, en este sentido, si está justificada la presentación de una iniciativa legislativa para corregir la situación. Tampoco parece probable que la Generalitat tenga pruebas de que el retraso en la concesión de ayudas se deba -como sugiere Barrachina- a una decisión intencionada y de mala fe por parte del Gobierno de España, con el objeto de desgastar la imagen pública del valenciano. Si fuera así, sería gravísimo. 

Si estos casos -en los que los políticos de uno y otro signo incurren tan a menudo- son inaceptables en circunstancias habituales, más lo son en tragedias como éstas, durante las que lo mínimo que puede pedirse a los representantes públicos es que aparquen sus diferencias partidistas temporalmente, trabajen por el bien común y no añadan más sufrimiento a los familiares de las víctimas.