En el debate público sobre Mina Muga se ha cruzado, en demasiadas ocasiones, una línea preocupante: la del cuestionamiento indiscriminado del trabajo científico, de las instituciones y de las personas que durante años han trabajado con rigor y profesionalidad en este proyecto. El problema es que este cuestionamiento indiscriminado está basado en “pseudociencia” y promovido por grupos minoritarios negacionistas principalmente antiminas, donde todo desarrollo minero y muchas veces industrial no porque no y punto. Lo adornan con pseudociencia y falsa sostenibilidad. Tengo un sesgo científico (por formación y convicción) y humanista intentando reforzar la empatía y el acuerdo pues al final todo va de poder vivir mejor. Mi trayectoria tanto profesional y personal ha tenido estos pilares fundamentales reforzados con la comunicación (sobre todo escuchar), el aprendizaje continuo y el reconocimiento de errores y la búsqueda de la mejora en cada actividad respetando a los demás y a sus ideas. Por eso, quiero empezar por algo esencial: respeto. Respeto a las instituciones públicas que han evaluado el proyecto. Respeto a la comunidad universitaria y científica que ha participado en su análisis. Y, muy especialmente, respeto al equipo humano que lleva más de una década dedicando su conocimiento y esfuerzo a sacar adelante una iniciativa industrial compleja y exigente. Mina Muga no se ha aprobado por opinión ni por conveniencia. 

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Su tramitación se inició en 2011 y ha durado más de 14 años, durante los cuales ha sido sometida a uno de los procesos de evaluación más exhaustivos que se recuerdan en nuestro país: más de 80 informes técnicos favorables, 180 consultas a distintas administraciones y el análisis detallado de más de 1.200 alegaciones ciudadanas y 15 consultas públicas. En este proceso han intervenido expertos de reconocido prestigio nacional e internacional en geología, sismología, hidrogeología, biología, evaluación de riesgos ambientales, y un largo número de otras disciplinas indispensables para un proyecto como este. La Declaración de Impacto Ambiental favorable, emitida en 2019, no solo evaluó los riesgos conocidos, sino que estableció un sistema de vigilancia y control continuo, supervisado permanentemente por la administración. Cuestionar este trabajo sin aportar datos nuevos no es una crítica constructiva: es alimentar la desconfianza hacia la ciencia y hacia los propios mecanismos de garantía del Estado de Derecho. Es hablar y comunicar ideas sin ninguna base científica ni sostenibles. También merece reconocimiento el trabajo de decenas de funcionarios públicos de distintas administraciones, que han aplicado la normativa con un nivel de exigencia muy superior al habitual. Los plazos del procedimiento superaron ampliamente los máximos legales, lo que demuestra que no hubo trato de favor, sino todo lo contrario. Hoy, el proyecto se encuentra afectado por un recurso judicial de carácter estrictamente administrativo, cuyo resultado está pendiente. No se trata de un cuestionamiento ambiental ni técnico, sino de una situación de inseguridad jurídica ajena al entendimiento de la empresa que ha realizado todos los trámites en tiempo y forma como se le ha exigido. 

Esta discrepancia en si firma una o tres administraciones es lo que mantiene paralizada una inversión estratégica de 700 millones, es por eso y no por nosotros que se está a la espera. También escucho de ciertos grupos políticos hablar de especulación en un proyecto que ha invertido ya más de 150 millones de euros (esto es un hecho, no es especulación), que prevé una aportación de más de 1.200 millones de euros en ingresos fiscales y 2.200 millones de euros en Impuesto de Sociedades. Muga podría generar hasta 7.000 empleos directos e indirectos. Pero seguimos así, debatiendo si lo firma una o tres administraciones, y según los opositores, mejor ninguna, así dependeríamos de Rusia y Bielorrusia, 

¿Quién gana entones? Nuestro proyecto aspira además a convertirse en una de las primeras minas de residuo cero, gracias a un modelo productivo circular que aprovecha todos los materiales extraídos sin generar escombreras ni balsas de residuos. Muchas de las exigencias de sostenibilidad que hoy se le reconocen nacieron precisamente del rigor del proceso administrativo y del diálogo técnico con expertos. Es decir, el proyecto es mejor porque ha sido evaluado y desarrollado con mayor exigencia aplicando nuevas tecnologías. No puedo terminar sin una mención expresa a mi equipo. Ingenieros, geólogos, técnicos y profesionales en diferentes disciplinas que llevan años trabajando con discreción y seriedad, y que hoy soportan acusaciones infundadas que cuestionan su ética y su conocimiento. Ellos son quienes más sufren esta batalla política y mediática, y merecen algo muy básico: respeto. Destruir es fácil. Generar miedo también. 

Lo vemos desgraciadamente cada día en todos los ámbitos en las redes sociales, la política global, etc... Construir un proyecto industrial sostenible, alineado con la transición ecológica, la seguridad alimentaria y el desarrollo territorial, es mucho más difícil. Nuestra puerta ha estado siempre abierta al diálogo riguroso, basado en la ciencia y en los hechos. No participamos en debates construidos sobre la desinformación, la pseudociencia, ni en la confrontación política: nuestro compromiso es técnico, profesional y transparente. Somos mineros, y lo somos con orgullo, porque creemos en una minería moderna, responsable y plenamente compatible con el interés general. Mina Muga no pide privilegios ni silencio. Pide un debate basado en hechos, ciencia y respeto. Porque sin respeto a las instituciones, al conocimiento y a las personas, será muy difícil construir el futuro industrial que este país necesita. 

Carles Alemán. CEO de Geoalcali. Directivo con más de 30 años de experiencia en minería y sector químico, con trayectoria en ICL —operadora de la única mina de potasa actualmente activa en España— y en compañías internacionales del sector