Al día siguiente que se hiciera pública la Sentencia del TS (Sala 2º) de 9 de diciembre, por la que se condena al anterior Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos, el BOE del día siguiente publicaba el cese de este último -se dice- a petición propia y agradeciéndole los servicios prestados ((sic) y se nombraba a a Teresa Peramalo Martín, nueva Fiscal General del estado. El cargo de Fiscal General del Estado es de difícil desempeño. Lo han intentado Fiscales profesionales de alto vuelo y reconocimiento como Eduardo Torres Dulce con Rajoy, que dimitió. 

Su sucesora Consuelo Madrigal (Fiscal de carrera) lo fue de tono discreto y profesional. Sánchez nada más obtener la sinecura de la presidencia tras la moción de censura de junio de 2018, nombró a una Fiscal de carrera, Maria José Segarra, que competente, duró poco tiempo.

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Enseguida Sánchez empezó a “jugar” con el cargo de FGE. Primero nombró a Dolores Delgado (la que en su toma de posesión dijo que la llamasen simplemente “Lola”), que sin irse a los puertos como dice la canción sembró la discordia en la Fiscalía General, al haber sido sin solución de continuidad anteriormente Ministra de justicia. Las críticas fueron extraordinarias y Sánchez sin pensárselo dos veces nombró al segundo de Lola, el mencionado Álvaro García Ortiz (AGO). El referido tenía buen pedrigree profesional. Había hecho carrera en la carrera Fiscal, siempre desde las filas de la Unión progresista de fiscales, pero cometió el pecado, más allá del delito por el que ha sido condenado, a mi juicio justamente, por ser más papista que el Papa, es decir, por ser más un Fiscal General del Gobierno que del Estado.

Es la figura que el ex presidente de la Sala Segunda del TS, Manuel Marchena, Fiscal de carrera, calificó en su libro La justicia amenazada, Espasa, 2025 como un apéndice togado del gobierno. Seguramente algunos reprocharán a otros Fiscales Generales haber bordeado esa figura de apéndice togado el Gobierno, pero ha sido el bueno de García Ortiz (“buena persona”, lo ha calificado el Magistrado jubilado García Castellón), el que ha puesto la cara por su presidente, seguramente por razones personales e ideológicas.

La Sentencia del TS, a mi juicio, excesivamente extensa, pero comprensible al tratar de cerrar todos los flancos ante la previsible “ingerencia” del TC a través del recurso de amparo que se anuncia, debería marcar un antes y un después en la politización de la Fiscalia General del Estado así como de su entorno. No va a ser fácil pues al modo de otros tiempos, se ha querido dejar todo “atado y bien atado”, en materia de nombramientos en el Consejo Fiscal y otros órganos técnicos.

La nueva Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, se enfrenta a un cargo lleno de dificultades asumidas. En este tiempo de tribulación y de cierto desconcierto en una carrera tan profesional como la de la Fiscalía, su tarea es ingente y de su prudencia y buen hacer, así como de su distanciamiento del Gobierno, se espera la normalización de una figura tan esencial del estado, recibiendo el apoyo de todos. Urge, por tanto, que la FGE deje de ser un pim pam pum o dicho de manera más académica que se independice del Gobierno y de su presidente y logre sí recoser uno de los Males de la patria (Lucas Mallada), como fue en tiempos la politización de la Justicia.

Aquí y ahora es preciso que los políticos y demás concernidos hagan, por favor, una tregua para que esto funcione, es decir la justicia en un Estado constitucional de derecho. La política para los políticos y la Justicia para los profesionales de la justicia. Puede ser un desideratum, pero es lo que conviene.

Manuel Pulido Quecedo es abogado y doctor en Derecho