L A publicación por el Supremo de los 233 folios que componen la histórica sentencia que ha expulsado de la jefatura de la Fiscalía General del Estado a Álvaro García Ortiz, unida al voto particular de las dos magistradas discrepantes, pone el sello, con la verdad judicial que el alto tribunal cree acreditada, a un proceso sin parangón en el Estado de derecho español. Ello sin menoscabo de que García Ortiz, que dimitió cuando el daño a la institución que encabezaba ya estaba hecho, eleve recurso ante el Constitucional ejerciendo los derechos que le asisten como condenado. Una impugnación que, en todo caso, ni debería anticipar ni alentar ni mucho menos sugerir su resultado el Gobierno que nombró al inhabilitado fiscal general, cuya injerencia, empezando por el presidente Sánchez, ha superado los límites de la crítica razonada y el obligado respeto a la separación de poderes. 

Que el ministro Óscar López se permitiera descalificar ayer la fundamentada resolución comparándola con un guion de Hollywood, tiñe de frivolidad la respuesta a un encausamiento que ha erosionado nuestro entramado institucional. Y sin una reacción tasada y argumentada a la voluntad que trasluce el veredicto de salvaguardar la trayectoria “con brillantez y dedicación” de García Ortiz y la institucionalidad de la Fiscalía General, una vez constatado un “cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente” de que el hoy condenado o alguien de su entorno autorizado por él filtró el correo con datos reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso. El acatamiento de la sentencia ha de contribuir a partir de ahora a pasar página de un episodio desgraciado en la democracia española por el cual el máximo responsable de la acusación pública queda condenado por la comisión de un delito. La designación de Teresa Peramato ha obrado en lo inmediato un necesario apaciguamiento tras un trance extremo. Ella misma se ha autoimpuesto el deber de “sanar” la “profunda herida” abierta. Un compromiso que debe concitar al conjunto de los fiscales y al resto de las instituciones que conviven con el Ministerio Público.