El 21 de noviembre de 2024 Víctor de Aldama mencionaba el nombre de Cerdán en su declaración ante el juez Ismael Moreno. Aldama dijo haber entregado 15.000 € a Cerdán para compensarle por una licitación a una constructora que estaría dentro del llamado “cupo vasco” que controlaba Cerdán. 

El 25 de noviembre, el Secretario de Organización del PSN-PSOE, Alzórriz, dijo: “yo pongo la mano en el fuego por Santos Cerdán. Es una persona íntegra que defiende los valores y principios socialistas”. ¿A que da la risa? 

El 26 de noviembre, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Mª Jesús Montero, dijo en el Senado que ponía la mano en el fuego por Cerdán. 

El 30 de noviembre la presidenta Chivite trasladaba su “confianza absoluta en Cerdán”, y añadía que el PSOE estaba sufriendo “acoso y derribo”. Unos meses más tarde, el pasado mes de marzo, un periódico digital avanzaba la existencia de conversaciones halladas por la UCO que implicaban a Cerdán en el presunto amaño de adjudicaciones de obra pública. Cerdán desmentía la noticia diciendo: “todo son mentiras”, a la vez que amenazaba con llevar a los tribunales a quienes decían que había cometido algún delito. En los tribunales acabó él. 

El 15 de mayo el ministro Bolaños dijo poner la mano en el fuego por Cerdán. 

El 16 de mayo, en redes sociales, Pedro Sánchez escribía lo siguiente: “mi solidaridad con Santos Cerdán y su familia. El acoso de ultraderechistas disfrazados de periodistas no tiene cabida en una democracia”. 

El 22 de mayo Alzórriz denunciaba una “cacería política” contra su partido, contra Cerdán, y contra los gobiernos central y foral, advirtiendo que adoptarían “todas las medidas legales a su alcance si se producen acusaciones sin pruebas”. Las medidas las tuvo que adoptar él un mes más tarde presentando su dimisión como vicesecretario general del PSN-PSOE y como portavoz parlamentario al descubrirse que su pareja trabajó entre 2021 y 2024 en la empresa de Antxon Alonso y Cerdán, Servinabar. 

El 5 de junio la UCO emitía un Informe sobre “presuntas irregularidades en contratación pública”. El documento detallaba las relaciones entre Cerdán, Ábalos y Koldo García y su influencia en adjudicaciones públicas a empresas como Acciona. 

El 10 de junio la UCO registraba las oficinas de la empresa Servinabar, adjudicataria, entre otras, de las obras de los túneles de Belate, y registraba también el domicilio del propietario de dicha empresa. En dicho registro se intervino un contrato privado de compraventa de participaciones, fechado el 1 de junio de 2016, mediante el cual Cerdán adquiría 1.350 participaciones de Servinabar, esto es, el 45 % de la empresa. El propietario de Servinabar y el propio Cerdán negaron la validez de dicho contrato. 

El 30 de junio Cerdán ingresaba en prisión acusado de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. El PSOE perdía al gran cerebro de la interlocución con delincuentes y antiguos militantes de ETA, tan necesarios para mantener a Pedro Sánchez en la Moncloa. 

El 29 de julio el Tribunal Supremo emitía un informe con información tributaria de Cerdán, de Antxon Alonso (propietario de Servinabar) y de la empresa Servinabar. El informe revelaba todos los ingresos de Servinabar, entre otros los provenientes por obras realizadas por Acciona fuera del territorio foral. También revelaba que no sólo la pareja de Alzórriz había trabajado para Servinabar, sino también la hermana de Cerdán y el cuñado de Cerdán, este último contratado mientras cumplía condena por violencia de género. Cerdán, al igual que Ábalos, ¿también será feminista porque es socialista? 

El 11 de noviembre la UCO emitía un informe informando sobre las relaciones entre Acciona y Servinabar. Cerdán, a pesar de, según él, no ser el propietario del 45 % de Servinabar, disponía de una tarjeta asociada a la empresa con la que realizó pagos personales por un importe de 33.574 €, y, además, Servinabar pagó 62.840 € en concepto de arrendamientos de inmuebles disfrutados por Cerdán. Sospecho que a Cerdán no le va a quedar otra que admitir que tiene el 45 % de Servinabar. Es la única forma de justificar por qué utilizaba una tarjeta con cargo a la empresa. El informe también revelaba que la mujer de Cerdán fue socia de una cooperativa, Noran, constituida por Koldo García y Antxon Alonso. Dicha cooperativa ha recibido de Servinabar 647.331 €. Y el mismo informe desvelaba la existencia de otro contrato de compraventa de participaciones por el cual “un individuo bajo el nombre de Aritz Santamaría habría adquirido 120 participaciones de Servinabar” (el 4 %). ¡Me las quitan de las manos, oiga! 

El 19 de noviembre Cerdán salía de la cárcel con la obligación de comparecer cada 15 días en el Supremo o en el juzgado más próximo a su domicilio. El muy garrulo pretendía acudir al Juzgado de Paz de su pueblo a realizar ese trámite, algo que el Tribunal Supremo, obviamente, le ha denegado por no tratarse de un Juzgado de Instrucción, algo que sabe cualquiera que, como Cerdán, haya sido concejal. Y el 27 de noviembre, sin dar lugar a ventilar la celda que Cerdán ha ocupado en Soto del Real durante cinco meses, Ábalos y Koldo García entraban en prisión. Quienes llegaron al gobierno aupados por la indignación contra la corrupción, se instalaron en ella violando la integridad institucional. Y mientras el núcleo duro de Pedro Sánchez hace historia ingresando en la cárcel, se quedan al mando los que dicen no haberse enterado de todo lo que estaba pasando delante de sus narices.

 Chon Latienda Urroz. Comentarista política