Entre políticos es costumbre responder a las decisiones judiciales adversas con una educada declaración de respeto, que acto seguido queda desmentida por ellos mismos con una feroz declaración de guerra. Ha vuelto a pasar con el fallo del Tribunal Supremo en el caso del fiscal general del Estado, condenado a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados. 

Esta vez las expresiones de respeto se han situado entre el insulto desaforado y la hipérbole tremendista, a tono con el clima de opinión dominante desde que Ortiz ocupó el banquillo. También pudo influir la épica de la fecha. Si siendo un 20-N subes a una tribuna o te colocas ante el micrófono, tienes que apuntar alto. Así, conforme avanzaba el día y subía la temperatura emocional fueron oyéndose cosas como "golpe de Estado", "lawfare" y "guerra sucia judicial" dichas por personas eminentes del lado del Gobierno, mientras que en el rincón opuesto del ring se daban vivas a la Justicia, se atacaba a la dictadura sanchista y se pedía la dimisión de Sánchez. 

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Como hemos normalizado ya tantas cosas, todo esto sonaba hasta natural. Lo llamativo es que la avalancha de opiniones no venía motivada por la lectura de una sentencia -que aún no existe-, sino por la escueta redacción del fallo. No es preciso recordar que es en la sentencia donde quedan expuestos razonadamente los argumentos del tribunal, de manera que solo a partir de ella puede sostenerse una discusión que se pretenda provechosa. 

Cuesta entender que en un caso tan delicado por sus implicaciones políticas el tribunal haya privado a los afectados y a la opinión pública del derecho a conocer la sentencia íntegra al mismo tiempo que el fallo. La decisión de retrasarla no solo debilita la imagen del poder judicial, sino que favorece el ruido y la confusión en torno al caso. Estamos ya lo bastante polarizados como para enfangarnos en otra disputa en torno a relatos escasos de datos. 

Para cuando la sentencia nos los facilite, el caso del fiscal general del Estado habrá dejado de ser noticia y nuestra atención estará volcada en algún otro pleito en el que de nuevo podamos opinar sin conocer, solo a base de prejuicios y odios, desembarazados de la engorrosa obligación de informarse antes de tomar partido.