El servicio de Patrimonio histórico de Príncipe de Viana ostenta una autoridad en la materia respaldada por sus 85 años de trayectoria y el prestigio reconocido por diversas instituciones nacionales. Un prestigio mantenido gracias a un cuerpo de funcionarios forales que, con un grado de especialización, dictaminan la protección y respeto que merecen los numerosos bienes que integran el patrimonio cultural navarro. Sobra decir que cabe discrepar del criterio establecido en estos informes, pero, hasta el momento, habían sido aceptados o, al menos, ningún cargo político los había revocado con torpeza o sectarismo huérfano de argumentos solventes. Eso es lo que desgraciadamente ha ocurrido ahora.

El Ayuntamiento de Pamplona ha cursado la consulta que indica la ley como requisito previo para satisfacer el interés de Asiron y sus socios más fieles por desproteger parte del monumento a los Caídos, en concreto, las arquerías unidas al cuerpo central, así como algunas partes de éste.

El informe técnico es contrario a desproteger tales elementos arquitectónicos explicando que el cuerpo central y las arquerías forman parte de un conjunto y la desprotección atacaría su integridad formal y arquitectónica. Como es debido, no se enjuician los usos a los que puede destinarse ni exhibe la menor crítica respecto de su resignificación. Se limita a analizar e informar respecto de su valor arquitectónico y patrimonial.

El informe técnico, como en tantas ocasiones, debía concluirse con un visto bueno del director general y la resolución denegatoria correspondiente. Pero, en este caso, el director general se vino arriba y en unas pocas líneas dejó sin efecto todos los fundamentos de los profesionales de Príncipe de Viana. Básicamente les dice que su informe se ha centrado en la protección arquitectónica (como si debiera distraerse con otro asunto) y, a continuación, les recrimina que han olvidado enjuiciar la “dimensión simbólica”.

Tal fundamento sirve igual para desproteger el acueducto de Segovia (con un claro simbolismo “romanizador”) o la Alhambra de Granada (cuyo alto valor patrimonial y arquitectónico olvida su perspectiva religiosa o elitista de la época). Pero es que, además, si el interés es resignificar el monumento (hoy por cierto ya desprovisto de la función para la que fue erigido), tal finalidad no se opone en nada a su protección arquitectónica, sino que, al contrario, es perfectamente compatible, pues se puede dedicar a otros usos sin necesidad de mutilar las arquerías o malograr una de las escasas cúpulas que registra nuestro patrimonio arquitectónico. Sumado a lo anterior, todas las normas aprobadas que aluden a tal cuestión hablan del “monumento” como un todo, sin distinguir qué partes de su arquitectura son prescindibles o susceptibles de perder su protección.

Por ello, lo grave no es el fin último del asunto, sino la insensatez que conlleva desdeñar el criterio del personal técnico de la Institución Príncipe de Viana simplemente por acatar una directriz política. Por esta razón dicha resolución debe ser rechazada, para que tal alarde de incultura no se convierta en precedente.

Juan Luis Sánchez de Muniáin es parlamentario por UPN