La escalada de escándalos en la vida política e institucional española marcó este lunes dos hitos que no deberían dejar de causar estupor en la opinión pública, por muy repetidos y notorios que sean los casos que agitan el debate. La negligencia de Carlos Mazón, incluso en el día de su renuncia, y el histórico juicio al fiscal general del Estado, que ha arrastrado la toga hasta el banquillo de los acusados, constituyen dos lamentables realidades que, con independencia del desenlace que puedan tener en los tribunales, dañan el prestigio de los poderes públicos y socavan el interés general. Mazón se va de la Generalitat sin haber explicado siquiera qué hizo y dónde estaba en los momentos decisivos de la dana de Valencia que acabó con la vida de 229 personas. Confirmó su dimisión, forzada por el clamor de las víctimas en su contra, con un discurso jalonado de todos los males que le han acompañado en el último año de penosa gestión tras la riada de aquel 29 de octubre. Sólo asumió “errores” como no haber cancelado su agenda, consumida en El Ventorro. No ha sabido estar a la altura ni durante ni después de su paso por el Palau. 

Álvaro García Ortiz entró este lunes al Supremo sin haber renunciado al cargo para afrontar un trance insólito ante siete magistrados que le juzgarán por un presunto delito de revelación de secretos en la filtración del fraude a Hacienda del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Es la primera vez en democracia que el máximo responsable del Ministerio Público se enfrenta a un escenario judicial semejante, bajo la sospecha de no haber cumplido su encomienda principal, que no es otra que salvaguardar la ley y defender los intereses de toda la ciudadanía. El ya expresidente del Gobierno valenciano y la aún cabeza visible de la Fiscalía pueden ampararse legítimamente en la presunción de inocencia, pero se arriesgan con ello a judicializar la política o politizar la justicia, lo que añade peligros para el Estado de derecho. 

El ‘expresident’ recurre a una baja médica y se refugia en su aforamiento como diputado para contener una posible imputación. García Ortiz ha optado por mantener la toga de fiscal gracias al declarado apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez (vergonzantes aplausos a su salida del tribunal incluidos), a pesar de la gravedad de las imputaciones. No hay pruebas fehacientes de que él fuera el filtrador, una posibilidad que negó desde el estrado, pero no ha tenido empacho en admitir que borró todos los mensajes de su móvil correspondientes al día de autos. Ni uno ni otro pueden presentarse como víctimas. 

çMazón se despidió de la Generalitat con un ataque al Gobierno central. El escenario que se abre ahora con un PP dependiente de Vox es una bomba de relojería para Alberto Núñez Feijóo, que parece haber puesto en manos del enemigo la gestión de la crisis. Estalla el día del juicio histórico al fiscal y en coincidencia con otro escándalo que salpica a Sánchez. Que el Supremo sienta en el banquillo a Ábalos, Koldo y Aldama, acusados de pertenencia a “banda criminal” por lucrarse con la venta de mascarillas en la pandemia a entidades controladas por el PSOE, tampoco debería caer en saco roto.