Vivimos rodeados de información, conectados a una velocidad nunca vista y con más acceso que nunca a educación, tecnología y bienestar material. Sin embargo, algo esencial parece resquebrajarse. Me refiero a la capacidad de convivir con quien piensa distinto. En casi todo el mundo democrático, la polarización política y social se ha convertido en el signo de nuestro tiempo. La polarización no consiste simplemente en discrepar. Discrepar es inherente a la vida democrática. El problema empieza cuando los ciudadanos dejan de compartir siquiera los hechos básicos y perciben al adversario no como alguien con otra opinión, sino como alguien ilegítimo. Cuando eso ocurre, se rompe el terreno común que hace posible la deliberación.

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Este proceso puede medirse. El Indicador de polarización política, elaborado por el proyecto V-Dem y difundido por Our World in Data, muestra cómo la distancia entre grupos políticos ha aumentado de forma sostenida en democracias de todo el mundo. En países como Estados Unidos, Brasil, India o España, la percepción de que la sociedad está dividida en “bandos hostiles” alcanza niveles históricamente altos. Y el dato no es anecdótico, porque donde crece la polarización, suele caer la confianza en las instituciones y en la propia democracia.

Lo paradójico es que esta tensión no surge en contextos de miseria. De hecho, vivimos uno de los periodos de mayor bienestar global de la historia. Hoy, menos del 10 % de la población mundial vive en pobreza extrema, la esperanza de vida supera los 72 años -15 más que en 1970- y el acceso a la educación y a la tecnología se ha expandido como nunca.

Pero la percepción ciudadana no acompaña esos avances. En muchos países, amplios sectores sienten que su progreso es menor que el de otros, que la brecha de estatus se ensancha. La psicología social lo explica como “privación relativa”. Es decir, no importa tanto lo que uno tiene, sino cómo se compara con su entorno. Así, aunque la media mejore, la sensación de injusticia se intensifica. Esa sensación tiene efectos políticos. Según encuestas de Pew Research en 2024, más de la mitad de los adultos en 31 países se declaran insatisfechos con el funcionamiento de la democracia en su país. El año 2024 fue, según Freedom House, el decimonoveno año consecutivo de retroceso global en derechos y libertades. No es de extrañar que, en ese contexto, florezcan discursos simplificadores que ofrecen identidades claras y enemigos a medida.

La consecuencia es el estrechamiento del centro. La polarización actúa como un imán doble que empuja hacia los extremos. Las voces moderadas quedan arrinconadas, y el coste político de cooperar con el “otro” se vuelve demasiado alto. España no es una excepción. La izquierda se ha escorado hacia posiciones más radicales -en parte por sus alianzas de gobierno- y la derecha ha hecho lo propio. La llamada “polarización afectiva”, es decir, el rechazo emocional al adversario ha crecido de forma notable.

Las consecuencias son visibles. La gobernabilidad se debilita en parlamentos fragmentados donde cualquier ley requiere una negociación agónica. Se erosionan normas informales -como el respeto a la oposición o a los árbitros institucionales- y el debate público se vuelve tribal, dominado por consignas y desconfianza. Las propuestas políticas se radicalizan para destacar en un entorno saturado, aunque sean inviables en la práctica. Como en un círculo vicioso, el malestar alimenta la polarización, que a su vez refuerza el malestar. La pregunta es si queremos seguir por ese camino. Porque si normalizamos posiciones imposibles de conciliar, corremos el riesgo de reducir la vida política a un juego de suma cero: si tú ganas, yo pierdo. Esa lógica retrasa las decisiones colectivas y bloquea las reformas que requieren visión de largo plazo. Los efectos más graves de este mal funcionamiento se sentirán mañana. Las generaciones futuras pagarán el precio de la falta de acuerdos en materias que solo pueden abordarse con pactos amplios, tales como educación, pensiones, salud mental, transición energética. Ninguna de ellas puede resolverse a golpe de decreto ni desde una sola trinchera ideológica.

No hay soluciones mágicas, pero sí vías posibles. Reivindicar el centro -no como equidistancia, sino como método- es una de ellas. También lo es reforzar instituciones que premien el consenso, exigir transparencia en la toma de decisiones y promover una cultura cívica que enseñe a disentir sin destruir. En el ámbito digital, urge mayor responsabilidad: la desinformación amplifica la polarización y convierte el debate público en un campo minado de bulos y agravios.

Por último, hay una dimensión económica que no conviene olvidar. Las comparaciones importan tanto como la renta absoluta. Combatir la polarización también exige reducir las brechas que alimentan la sensación de agravio. La responsabilidad de los líderes políticos es evidente, pero no recae únicamente en ellos. Porque la polarización no es solo política, es social. Depende tanto de la oferta como de la demanda. Depende de los políticos que la explotan y de los ciudadanos que la recompensan. La cuestión, al final, es si estamos dispuestos a premiar el matiz frente al grito, la negociación frente al bloqueo, la complejidad frente a la consigna. De esa elección depende que la democracia siga siendo un proyecto compartido, o se convierta en un campo de trincheras perpetuas.

María Jesús Valdemoros. Lecturer en IESE Business School