Lo que desde mediados del siglo pasado se ha llamado Estado de Bienestar es la consecución del acceso universal a la educación, la asistencia sanitaria, seguro de desempleo, seguro de incapacidad laboral y salario mínimo vital, ya consolidados en los países desarrollados. Existe un clamor por el derecho a la vivienda, pero todavía y, quizá por mucho tiempo, no es posible. ¿Pueden considerarse estos logros e incluso el de la vivienda como un derecho humano? Entiendo que debería serlo, pero existen demasiadas dificultades y escasa atención de los poderes públicos para que lo sea.

Europa y, de manera especial, Alemania y Francia, comienzan a moverse en la órbita de que existen evidencias del peligro que corre el Estado de Bienestar si no se adoptan a tiempo las medidas necesarias para conservarlas en su integridad. Un logro necesario y fascinante que no puede capotar después de 80 años de razonable funcionamiento. Para mantenerlo requiere anticiparse al futuro. El ejemplo paradigmático lo tenemos en el Sistema Nacional de Salud británico (NHS por sus siglas en inglés), que fue la envidia de muchos países durante bastante tiempo y ahora es lo más parecido a un guiñapo.

Reconozco que el reciente canciller de Alemania, Friedrich Merz, me cae bien. Es un hombre nada afectado, sencillo y, aunque no parece un gran orador (ni siquiera es necesario que lo sea), dice lo que piensa sin circunloquios que se alejen de una respuesta clara y firme. Lo ha demostrado en su reciente visita a España y su contraste de opiniones con Pedro Sánchez sobre la guerra en Palestina y el idioma del catalán en el Parlamento Europeo. Pero, además, parece capaz de hacer lo que dice, algo a lo que no estamos acostumbrados. Y ha dicho lo siguiente: “El Estado de Bienestar ya no es sostenible financieramente”. Y ha añadido: “Tenemos que trabajar más y mejor. No estoy satisfecho con lo que hemos logrado hasta ahora”.

No se puede seguir gastando más de lo que la economía produce. Entre otros ejemplos quiere recortar los fondos que el Estado paga a los que no trabajan, además de mecanismos que sean un obstáculo con el paro de larga duración a quienes rechacen reiteradamente los empleos que se les ofrecen. Además, quiere abordar un descenso del 8% del personal en ministerios y Administración para 2029. La reestructuración del sistema de pensiones no queda al margen de sus reformas y tampoco la sanidad, siempre en el contexto de distribuir la carga de manera que el Estado de Bienestar siga funcionando en el futuro. Es, además, valiente.

Francia se encuentra en una situación similar. La caída en una moción de censura del primer ministro François Bayrou se debe a la crisis de la deuda de Francia y a la necesidad de recortar el gasto del gobierno en 44.000 millones de euros en sus Presupuestos. Tanto la deuda pública francesa que, a comienzos de 2025 ascendía al 114% del Producto Interior Bruto, como su déficit presupuestario a finales del año pasado que se elevó al 5,8%, muy lejos de lo exigido por Bruselas, son datos muy preocupantes. La respuesta de los franceses a la pretensión de Bayrou, que tuvo que dimitir, ha sido particularmente belicosa. El desenlace del ya ex primer ministro fue premonitorio de lo que puede suceder: “Ustedes podrán derrocar a este gobierno, pero no pueden derrocar la realidad”. A esa realidad francesa se acercan densos e irrefrenables nubarrones que no presagian nada bueno por la obstinación de algunos que no saben pensar más que en sí mismos y no en el bien general.

La situación en nuestro país no es mejor que la de las dos economías principales de Europa. Pero el silencio es la salvaguarda de una inercia que se viene arrastrando desde hace años y en lugar de inspirarse en el camino que otros están recorriendo, nuestros políticos se ocupan de problemas pasajeros en los que ocupan su tiempo. La deuda de España supera el 110% del PIB. El señuelo de los 83.000 millones de euros, con los que Sánchez pretende acallar a las Comunidades Autónomas para conceder una financiación singular a Cataluña, no hace sino engrosar nuestra deuda, además de la evidente injusticia que supone semejante medida. Nuestra sanidad hace agua por distintas vías y acumula un déficit de docenas de miles de millones y nadie plantea una solución viable al descontento evidente entre la ciudadanía. La inversión pública -no así el empleo público, otro de nuestros inveterados problemas- es de las más reducidas de Europa y nuestro sistema de pensiones es la causa de un gran desequilibrio fiscal por el que el gobierno pasa de puntillas. Y no hablemos de la vivienda, que la sociedad considera el primero de nuestros problemas, donde el cúmulo de promesas incumplidas son un mentís a los buenos deseos que se exhiben. Somos un país enfermo por estos y otros motivos, pero no existe el arrojo necesario para aplicar la cirugía necesaria ni tampoco la farmacopea indispensable para que la herida no se gangrene.

Francisco Errasti.Economista