El supuesto acuerdo ya alcanzado entre la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco, desvelado en el Senado a la senadora Barkos por la Vicepresidenta Montero, para que estas dos Comunidades no carguen con mayores costes por los intereses de la deuda asumida por el Estado de las otras 15 Comunidades Autónomas es absolutamente insuficiente e injusto para nuestra Comunidad Foral de Navarra.

Lo sorprendente es que, por lo visto, la presidenta del Gobierno foral María Chivite también dice que es insuficiente y que reclamará una compensación económica adicional. ¿En qué quedamos? ¿Ha habido o no ha habido acuerdo entre el Gobierno foral y el Gobierno de España, siendo los únicos interlocutores válidos para negociar en el ámbito del Convenio Económico? Tengo la sensación de que es un acuerdo ya cerrado con el PNV que, para variar, habrá que tragar en perjuicio de Navarra, mientras ellos se lo compensarán con creces con otras milongas en transferencias o nuevos apaños económicos encubiertos para Euskadi.

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La justificación de la quita de la Deuda ha sido un invento tras otros en los documentos oficiales del Gobierno de España para justificar lo único que tuvo luz y taquígrafos, es decir, un pacto unilateral del PSOE con ERC que afectaba a toda España y solo para conseguir hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez.

Uno de los argumentos oficiales para la ‘quita’ era que tan solo se aplicaría a las Comunidades que habían hecho uso del Fondo de Liquidez Autonómico. Esto decayó cuando vieron que no solo Navarra y Euskadi se habían financiado directamente en los mercados en los peores años de la crisis económica, pues Madrid tampoco recurrió al FLA. El otro argumento relativo el explosivo sobreendeudamiento de las Comunidades Autónomas motivado por la ‘Gran Recesión’ desde 2009 a 2013, aplica en el mismo sentido para Navarra. Pues si a las Comunidades de régimen común fue el Estado quien no les socorrió adecuadamente, las Comunidades con régimen foral perdieron en igual medida un volumen importantísimo de ingresos con los mismos efectos sobre las cuentas públicas y, por tanto, sobreendeudamiento.

Por tanto, si lo que ahora se pretende por el Estado es corregir, a toro pasado, ese sufrimiento de las Comunidades Autónomas, Navarra, como parte integrante de la nación española tiene exactamente los mismos derechos, con independencia de que nuestro régimen constitucional sea el de Convenio Económico. A ver si Navarra no se a beneficiar, con esto, de que otros hicieran presidente a Pedro Sánchez. Y no es una operación cosmética, pues con ello Navarra diría adiós a más de una cuarta parte de su deuda pública.

Así pues, hará bien la presidenta del Gobierno foral, como defensora del Convenio Económico, en reclamar, en exigir, del Estado nuestra parte alícuota y, con ello, una asunción de 730 millones de la actual Deuda de Navarra, para que seamos tratados con equidad y con justicia.

Álvaro Miranda es miembro del think tank Institución Futuro