En un artículo anterior abordaba el diferente impacto que las dinámicas políticas tienen en EEUU y en Europa. Hoy nos fijamos en otra característica diferenciadora. Europa, con razón, suele reivindicar el Estado del bienestar como su gran logro político y social. Frente a Estados Unidos, que tolera más desigualdad y deja al individuo más expuesto a los vaivenes de la economía, Europa ofrece protección frente a los riesgos de enfermedad, desempleo o pobreza. Esta diferencia se ha convertido en seña de identidad europea y en motivo de orgullo. No cabe duda de que el Estado del bienestar es una conquista histórica que aporta cohesión y estabilidad, pero conviene distinguirlo de otro rasgo menos positivo. Me refiero a la sobrecarga regulatoria. A menudo ambos elementos se presentan como inseparables, cuando en realidad no lo son. Proteger a los ciudadanos con servicios públicos y transferencias no exige una jungla de trámites, permisos y rigideces que frenen la actividad económica. La comparación con Estados Unidos ayuda a entenderlo. En ese lado del Atlántico, la red de seguridad social es más limitada y la fiscalidad más ligera. Sin embargo, la economía es capaz de renovarse a gran velocidad. Tras la crisis financiera de 2008, el país no solo recuperó empleo antes que Europa, sino que lideró su propia revolución energética gracias al fracking. En la pandemia, las farmacéuticas estadounidenses fueron pioneras en desarrollar y escalar vacunas en tiempo récord. Y en sectores como la tecnología digital o la biomedicina, su capacidad de atraer capital, talento y asumir riesgos sigue marcando la pauta mundial. Ese dinamismo tiene un coste en desigualdad y vulnerabilidad, pero también genera innovaciones y oportunidades que después se difunden más allá de sus fronteras. Es un recordatorio de que la flexibilidad institucional y la agilidad regulatoria no son lujos, sino condiciones para que la economía responda a los desafíos y cree riqueza.

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Europa, en cambio, combina protección social con un entramado normativo que limita la iniciativa y distorsiona los incentivos. Montar una empresa puede llevar meses; contratar o despedir trabajadores supone atravesar un laberinto legal; invertir en energía o infraestructuras exige superar retrasos burocráticos que desincentivan proyectos. La carga administrativa de todas las regulaciones es un lastre diario para las empresas. La vocación reguladora también es visible a escala comunitaria. La Unión Europea ha aprobado en pocos años grandes marcos normativos sobre privacidad, sostenibilidad o inteligencia artificial. Todos persiguen objetivos muy legítimos, pero el resultado agregado es un entorno denso y fragmentado que hace más lenta la adaptación. Mientras tanto, Estados Unidos y China se mueven con más rapidez, lo que se traduce en inversión, innovación y cuotas de mercado.

El informe Draghi de 2024, elaborado para la Comisión Europea, lo expresa con claridad: Europa combina costes elevados y exceso regulatorio con una baja capacidad de inversión, lo que la deja rezagada frente a sus competidores globales. Draghi no cuestiona el Estado del bienestar, pero sí advierte que sin crecimiento y sin reformas profundas, será insostenible. Conviene insistir en que el problema no es el Estado del bienestar. Países como los nórdicos demuestran que se puede sostener un gasto social elevado y, al mismo tiempo, mantener mercados flexibles y administraciones ágiles. El verdadero desafío es político. Europa ha tendido a equiparar la protección con la rigidez normativa, como si fueran dos caras de la misma moneda. Esa confusión es peligrosa. Más normas no significan automáticamente más protección. Al contrario. Cuando frenan la creación de empleo, la inversión o la innovación, terminan debilitando la base fiscal que financia las propias prestaciones sociales. La paradoja es que el exceso de regulación acaba poniendo en riesgo aquello que pretende resguardar. El futuro del continente dependerá de su capacidad para resolver esta tensión. El envejecimiento de la población presiona las cuentas públicas, la transición energética requiere enormes inversiones y la competencia tecnológica global se intensifica. Sin crecimiento sólido, el Estado del bienestar europeo será cada vez más difícil de sostener. La respuesta no pasa, evidentemente, por desmontar la protección social, sino por podar la selva normativa que la rodea. Se trata de simplificar reglas, agilizar trámites y dar espacio a la iniciativa y la responsabilidad. En definitiva, se debe distinguir entre lo esencial -proteger a los ciudadanos- y lo accesorio -erigir barreras que limitan la actividad económica.

Europa no puede seguir confundiendo bienestar con regulación. El modelo social es un activo valioso, pero necesita una economía más dinámica para perdurar. Estados Unidos demuestra que la flexibilidad y la agilidad regulatoria generan innovación y crecimiento, aunque a un precio social distinto. Europa debe aspirar a un equilibrio mejor, a un Estado social sólido sostenido por una economía más abierta, flexible y capaz de reinventarse. Porque el bienestar se financia con crecimiento, y el crecimiento solo florece en un terreno menos enmarañado.

María Jesús Valdemoros. Economista. Lecturer en IESE Business School