La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra (OANA) ha hecho públicos unos demoledores informes sobre distintos contratos adjudicados por el Gobierno de Navarra a la UTE Acciona-Servinabar, vinculada a Santos Cerdán, cuya lectura íntegra les recomiendo para que tomen conciencia del grado de putrefacción de la Administración que preside María Victoria Chivite Navascués. Reparemos en el referido a la construcción de 62 viviendas de alquiler en Ripagaina.

Nasuvinsa apenas colaboró en la investigación. La falta de “abundante documentación” obligó a Edurne Eginoa, directora de la OANA, a oficiar infinidad de requerimientos a dicha sociedad pública, mientras Chivite recorría la Navarra en fiestas. Si todos los funcionarios trabajaran como lo ha hecho Eginoa este verano en esos expedientes, sobraría la mitad de la plantilla.

El informe comienza subrayando la necesidad de acreditar que Nasuvinsa contaba con la preceptiva autorización para contratar por parte de la Administración que ejercía su tutela. A esta petición, su director gerente contestó que “revisada la documentación actualmente disponible en Nasuvinsa, no obra en poder de la misma el documento solicitado”. Esta inverosímil respuesta se repite hasta en nueve ocasiones en el informe. La Oficina optó entonces por reclamar dicha autorización a la Dirección General de Vivienda —dependiente de una consejería en manos de Contigo-Zurekin—, cuya directora, en la era de la digitalización, respondió: “Lamento informarle que desde el Departamento de Vivienda se ha intentado localizar dicha autorización por distintas vías, pero no hemos conseguido localizarla”.

El listado de ilegalidades detectadas por la OANA es abrumador: ausencia del informe de necesidad razonado de la unidad gestora del contrato, del informe jurídico y de la fiscalización de la Intervención; la “inédita” inexistencia de presidente en la mesa de contratación; la falta de actas de dicha mesa; la ausencia de un representante de la Junta de Contratación Pública de Navarra, irregularidad que “sorprendentemente” no advirtieron ni el Departamento de Vivienda ni la propia Junta de Contratación...

Se prescindió, además, de la resolución del órgano de contratación de Nasuvinsa aprobando el expediente de contratación y ordenando la apertura del procedimiento de adjudicación; se cometieron irregularidades en la publicación de anuncios en el Portal de Contratación; no se aportaron ni los denominados Sobres A y C de dos de las aspirantes ni las actas de apertura de los sobres ni la de valoración de las propuestas que contenían los criterios cualitativos, con sus cuadros comparativos... Añádase que las obras se adjudicaron antes de conocerse todas las ofertas, que también hubo anomalías en materia de subcontratación, así como sobrecostes “en fraude de ley”, al imputar a circunstancias “imprevisibles” partidas destinadas a amueblar cocinas, instalar mamparas de duchas o adquirir mandos a distancia de los garajes…

Al margen de las farragosas controversias jurídicas, al acta de fin de obra se acompañó un listado de 230 páginas con los trabajos necesarios para reparar las múltiples deficiencias que afectaban “a todas y cada una de las viviendas”, incomprensiblemente recepcionadas por Nasuvinsa, que debía entregarlas “completamente acabadas y correctamente ejecutadas”. Los inquilinos comunicaron hasta 304 incidencias. Todavía hoy colean reclamaciones.

El informe se expresa en términos durísimos: “El cúmulo de irregularidades, anomalías o desviaciones detectadas en este expediente”, “flagrante incumplimiento de la Ley Foral de Contratos Públicos”, “profundo desconocimiento de la ley”, “desprecio absoluto por el procedimiento legalmente establecido”, “flagrante irregularidad”, “manera de proceder (…) contraria a derecho”, “una vez más queda verificada la ilegalidad y falta de transparencia de este procedimiento”, “Nasuvinsa incumplió de manera sistemática y continua la LFCP en la adjudicación de este contrato”…

La Oficina, que considera que la UTE Acciona-Servinabar debió ser excluida de la licitación de la obra, sentencia que “Nasuvinsa ignoró todos los principios de la contratación pública y los más elementales del derecho administrativo”, y concluye que “la acumulación de incumplimientos flagrantes, evidentes y palmarios excede de meras irregularidades administrativas”.

Es incomprensible que, tras este explosivo informe, ningún mandamás de Nasuvinsa haya sido empitonado. Recuerden que, hasta ahora, el único represaliado por el Gobierno ha sido el letrado que osó denunciar las ilegalidades del expediente de Belate, avaladas por la OANA.

Imagínense, queridos lectores, cuánto durarían ustedes en su puesto si cometieran una infinitesimal parte de los despropósitos atribuidos a Nasuvinsa. ¿Por qué una Administración tan implacable con quien olvida el ticket de aparcamiento o presenta extemporáneamente sus declaraciones fiscales es tan condescendiente con aquellos responsables públicos que incumplen la ley de la A a la Z?

Chivite ha reducido lo ocurrido a meros “errores de gestión” y aboga por cambiar la ley. Que algún jurista instruya en leyes a esta socióloga, por favor. Y no, no hacen falta más leyes; basta con que todos cumplan las que hay, incluidos quienes tienen poderosos padrinos.

Bildu, por cierto, se ha jactado de controlar la Oficina Anticorrupción. No me negarán que ver cómo los abertzales arrean un descomunal bofetón a sus blanqueadores exuda cierta justicia poética. Bien merecido lo tiene el PSN, con P de pardillos.

Una duda, para acabar: ¿habría sido Eginoa tan contundente enjuiciando el contrato de reforma del Archivo General de Navarra, cuya propuesta de adjudicación a la UTE Acciona-Servinabar firmó ella misma, respecto de cuya revisión se ha inhibido?

Manuel Sarobe. Notario