El Gobierno de Pedro Sánchez ha retomado el curso parlamentario con una derrota telegrafiada por Junts en la votación sobre la reducción de la jornada laboral, el proyecto estrella de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. 

El revés con el que arranca el Ejecutivo la segunda parte de la legislatura se veía venir por la frontal oposición a la medida manifestada por el partido de Carles Puigdemont, aunque eso le llevase a quedar retratado junto a Vox y el PP. 

Sánchez capeó el golpe de su díscolo socio de perfil, delegando el protagonismo, y el eventual desgaste, en su vicepresidenta segunda y referente de Sumar, más debilitada por el varapalo. Incluso se permitió el feo de no acudir a la preceptiva votación en el Congreso de los Diputados para asistir en su lugar con su mujer a la presentación de la última película de Alejandro Amenábar. 

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Pero el hecho de que el traspié haya quedado algo difuminado en mitad del choque diplomático con Israel y las afrentas de Putin a Europa no le resta gravedad para los intereses del presidente. La inusitada beligerancia de Díaz contra Junts, al que acusa de defender a los sectores “más reaccionarios”, amenaza con enturbiar una relación ya de por sí en el alambre y la negociación sobre el Presupuesto. 

Pero para Sánchez, la preocupación debería ser la facilidad con la que el Congreso articula una mayoría de centroderecha para tumbar su agenda social. Esa es la realidad diaria a la que debería prestar especial atención el presidente del Gobierno y no a los cantos de sirena edulcorados que le suministra el CIS que le cocina Félix Tezanos periódicamente. El conocido esta semana dispararía a los socialistas hasta el 32,7% de la intención de voto, nueve puntos por encima de los populares. Con esas cifras, resultaría difícil de entender que Sánchez no se lanzase a una convocatoria anticipada de elecciones que ampliaría sus apoyos y mejoraría su situación de no ser porque es notoriamente conocido el escoramiento del barómetro.