Daño anunciado a la Fiscalía
Le decisión de Álvaro García Ortiz de aferrarse al cargo con el apoyo de Pedro Sánchez, pese a sentarse en el banquillo, menoscaba el prestigio de la institución
Publicado el 10/09/2025 a las 05:00
No por esperada debe perder relevancia la decisión del Tribunal Supremo de sentar en el banquillo de los acusados a todo un fiscal general del Estado, al que impone además una fianza de 150.000 euros. Más bien, al contrario.
La apertura de juicio oral al máximo representante de la Fiscalía en España es una medida judicial sin precedentes en democracia que confirma la gravedad del escándalo. Oficialmente, Álvaro García Ortiz afronta ya la acusación de un delito de revelación de secretos, por la presunta filtración de las irregularidades fiscales confesadas por la pareja de Isabel Díaz Ayuso para evitar una pena de cárcel.
Todo un aparente contrasentido viniendo del más alto responsable del Ministerio Público, garante de los derechos de la ciudadanía y custodio de sus informaciones más sensibles, vengan de donde vengan.
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Lo insólito del caso también es que García Ortiz haya decidido, de momento, mantenerse en el cargo, en medio de una lluvia de peticiones de dimisión por parte de la oposición, con especial interés en las filas del PP para desgastar al Gobierno, y de magistrados y fiscales conservadores.
Una tormenta que, lejos de amainar, seguirá activa porque habrá que esperar meses para el inicio del juicio, salvo que el fiscal general renuncie o que Pedro Sánchez le deje caer. Y esas dos últimas opciones no parecen estar en el guion del Ejecutivo ni del propio García Ortiz, animado quizá a aferrarse a la toga por la decisión del instructor, Ángel Hurtado, de no suspenderle cautelarmente de sus funciones.
El juicio se ha anunciado deliberadamente después del acto del Año Judicial en un intento por no agravar la esperpéntica imagen de un fiscal general al borde del banquillo, junto a los magistrados del Supremo llamados a investigarle, en una ceremonia presidida por el Rey.
El máximo representante de la Fiscalía se ha parapetado en la defensa de su “verdad” con el firme respaldo de Sánchez y del Gobierno, que ayer le renovó toda su “confianza”. La maniobra pone en riesgo la imparcialidad y la legalidad que se le suponen al Ministerio Público, aunque finalmente la sentencia fuera exculpatoria.
