Hace  unos días, la vicepresidenta Montero anunciaba que el Gobierno presentará por fin un proyecto de Presupuestos Generales del Estado. La noticia suena alentadora, pero llega tarde y no está nada claro que logre cuadrarlos con sus socios. El peligro, por tanto, es evidente. Podemos quedarnos sin nuevas cuentas y con la obligación de prorrogar las anteriores otra vez.

España lleva demasiado tiempo sin presupuestos actualizados, y eso tiene más consecuencias de las que parece a simple vista. Porque un presupuesto no es solo una cifra o un trámite parlamentario: es el andamio sobre el que un gobierno construye toda su acción.

Hablo con conocimiento de causa. En mi etapa de trabajo en el gobierno foral viví una situación parecida y sé lo complicado que resulta actuar con presupuestos prorrogados. Ahora bien, en el caso actual de España, la cuestión es más compleja. Entonces atravesábamos una profunda crisis financiera internacional y el margen fiscal era mucho más reducido. Además, los presupuestos prorrogados pertenecían a la misma legislatura, lo que facilitaba cierta coherencia política. Hoy, en cambio, se arrastran cuentas de una legislatura anterior, con un desfase aún mayor respecto a las prioridades presentes.

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Los presupuestos son, en esencia, la traducción en números de un proyecto político. Permiten decidir cuánto se gasta, en qué se gasta y cómo se financia ese gasto. Son la herramienta clave para redistribuir riqueza, estimular sectores estratégicos, garantizar servicios públicos, responder a crisis o impulsar cambios estructurales.

Cuando un país no aprueba nuevas cuentas, se prorrogan automáticamente las del año anterior. A primera vista parece una solución funcional. Pero en realidad es como intentar vestir a un niño con la ropa que llevaba antes de crecer esos centímetros durante el último año. La economía es dinámica, las necesidades sociales también, y los desafíos de hoy no son los mismos que hace tres años.

Con presupuestos prorrogados, el gobierno no puede lanzar nuevos programas de gasto ni ajustar partidas para responder a imprevistos o prioridades emergentes. Por ejemplo, si se quiere impulsar una estrategia de industrialización, reforzar la vivienda o ampliar la atención a la dependencia, no es posible sin dotación específica. Tampoco pueden introducirse cambios fiscales relevantes -modificar tipos o crear nuevos impuestos- sin aprobar unas nuevas cuentas públicas.

Además, la prórroga genera un problema de coordinación con comunidades autónomas y ayuntamientos, que dependen de las transferencias del Estado para financiar sus servicios. Con una base congelada, muchas administraciones locales o regionales ven limitada su capacidad de planificación. Algo similar ocurre con las empresas, que repliegan inversiones ante la incertidumbre. Al fin y al cabo, resulta muy difícil navegar con un mapa desfasado.

En el plano europeo, la falta de presupuestos complica el cumplimiento de los compromisos de estabilidad fiscal y la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación. España, como el resto de socios comunitarios, debe presentar a Bruselas cada año un plan presupuestario alineado con los objetivos comunes. Cuando no se aprueban nuevas cuentas, no solo se retrasa esa presentación, sino que se transmite un mensaje de debilidad institucional. Y los mercados están atentos a esa clase de circunstancia.

Pero más allá de la dimensión técnica o económica, la ausencia de presupuestos refleja parálisis política. Elaborar unas cuentas y lograr su aprobación exige diálogo, pactos y capacidad de tejer mayorías. Cuando eso falla, lo que queda al descubierto no es solo la dificultad de acordar cifras, sino la de articular apoyos estables. Y sin mayorías, la gobernabilidad se estrecha peligrosamente.

En cierto modo, los presupuestos son el “momento de la verdad” para cualquier gobierno. Muchas leyes pueden posponerse o esquivarse, pero las cuentas no se improvisan: hay que presentarlas, defenderlas y aprobarlas. Son la prueba más clara de si un Ejecutivo puede sacar adelante su proyecto político. Cuando no lo consigue, el país no se paraliza, pero entra en una especie de inercia institucional que limita su capacidad de afrontar el presente.

España encara hoy desafíos mayúsculos en un entorno de gran incertidumbre: la transición energética, la inmigración, la digitalización, el envejecimiento demográfico, el acceso a la vivienda, la mejora de la productividad o la adaptación a un contexto geopolítico en transformación. Enfrentarlos exige visión, recursos y decisiones que, en algún momento, han de plasmarse en una ley de presupuestos. Por eso, la ausencia de nuevas cuentas es una señal de alarma.

La política se mide muchas veces por discursos y gestos. La economía, en cambio, entiende sobre todo de hechos. Aprobar unos presupuestos -con sus equilibrios, tensiones y cesiones- es uno de los actos más decisivos para un gobierno. Que el actual Ejecutivo haya renunciado repetidamente a intentarlo ya es preocupante. Que fracase otra vez en su intento, pese al anuncio de Montero, lo sería aún más.

María Jesús Valdemoros. Profesora de Economía en IESE Business School