La corrupción es un problema que ha afectado, de manera persistente, a nuestra sociedad. Se han hecho múltiples estudios sobre su coste económico y sobre su coste en términos de confianza en el sistema. No es el objetivo de estas líneas profundizar por este lado, pero sí queremos lanzar una advertencia: al existir la percepción de que este problema es sistémico y generalizado, el incentivo para pagar impuestos disminuye.

¿Por qué existe la corrupción? El análisis tradicional permite extraer la idea de que la llevan a cabo personas egoístas que únicamente piensan en su interés y en ganar más dinero, personas que además cuentan con la ventaja de saber que en el caso de ser descubiertos el castigo no suele ser muy ejemplarizante. Aparentemente se trata sólo de hacer un balance de ganancias y pérdidas y comprobar que ser corrupto sale “rentable”. Sin embargo, hay más. Para comprobarlo, vamos a usar el análisis conductual. Se trata de buscar las palancas que empujan a una persona a realizar algo (nudge o empujón, en términos de economía de la conducta) y aplicar mecanismos que dificulten un comportamiento concreto (sludge o embarrar).

En primer lugar, existe una racionalización interna de este tipo de actos económicos. En otras palabras, la mayor parte de los corruptos no son conscientes de que lo son. Su cerebro les permite usar lógicas que les llevan a pensar que sus actos son adecuados. Si bien es una idea sorprendente, la evidencia científica es abrumadora. Por ir a un caso extremo, Al Capone jamás se consideró un mafioso o un asesino. Creía que era honesto y justiciero, y lo creía de verdad. Somos así. Biología pura y dura.

En segundo lugar está el tema de la distancia monetaria. Es más tentador robar dinero público que robar dinero de una persona física o jurídica. El pensamiento que nos justifica es muy fácil: ¿a quién le importa, si nadie defiende el dinero de todos? ¿Quién me lo va a impedir, si soy quien manda y nombro a quien quiero?

Entonces, ¿cómo podemos reorientar la naturaleza humana? La doctrina estándar se dedica, simplemente, a endurecer las penas. No es suficiente. Por ir a otro caso extremo, no existe ningún castigo que pueda disuadir a un fanático convencido (por la razón que sea; para ser más exactos, por la emoción que sea) a realizar un asesinato.

Muchas veces sólo cura la medicina preventiva. Educación. No se debe matar. Punto. Otros casos se arreglan ajustando la estructura organizacional. Afirmamos categóricamente que las regulaciones, los procedimientos y las jerarquías en el funcionariado, por indicarlo de forma suave, no están preparadas para frenar la corrupción. No nos referimos a la ley, que es muy bonita. Nos referimos a su aplicación y a la conducta existente en algunos directivos y funcionarios. Al hecho de dejar pasar, postergar, esperar, trocear contratos, devaluar la irregularidad, mirar a otro lado…

En la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate se puede ver la conducta que provocan los tres poderes: Parlamento, Gobierno y funcionarios. El presidente de la mesa debería estar jubilado pero el Parlamento permite que siga: deja pasar. Los tres cargos directivos nombrados por el Gobierno, eligen Servinabar. Los tres cargos independientes se oponen, defienden la legalidad y el dinero de los contribuyentes: no dejan pasar. El presidente, que conoce el resto de puntuaciones, resuelve el empate. Además, el Gobierno manda un mensaje: si te portas mal, te envío a un taller perdido del polígono industrial de Landaben como castigo.

El caso de Belate nos muestra algunas reformas que se pueden aplicar para reducir la conducta corrupta. Uno: cambiar radicalmente la estructura de todas las administraciones de Navarra. Reducción drástica de puestos políticos. Eliminación del nombramiento a dedo. Todos los puestos directivos deben ser cubiertos por el funcionario que tenga el mayor mérito y capacidad, independientemente de quien gobierne. Dos: evaluar realmente a los funcionarios. Profesionalización: quien promocione debe ser el más competente en su profesión y quien no produzca debe tener desincentivo.

Tres: plantear sludges. Dificultar que el acto de corrupción pueda darse, impedir el dejar pasar. Opciones: gestión de una unidad independiente profesionalizada con potestad para premiar económicamente a los denunciantes o responsabilidad patrimonial en todos los funcionarios de mayor nivel, de manera que parte de sus bienes privados abonarán el perjuicio económico a los contribuyentes. Cuatro: cese automático de los cargos que oculten información pública, se hayan corrompido o no hayan solucionado las irregularidades detectadas. Cinco: reforzar realmente la independencia y profesionalización de los órganos de control con una permanente conexión judicial que analice cada posible conducta corrupta.

Las reformas anteriores no son novedosas: existe una legislación concreta que no se aplica. Los políticos deben implantar reformas de forma rigurosa, con credibilidad y con independencia, recordando siempre que los navarros son quienes les pagan. La peor corrupción es la corrupción legal.

Javier Otazu Ojer. Economía de la Conducta. UNED de Tudela. José Javier Pérez Remondegui. Interventor en la Administración.