Según el Tribunal Constitucional, las comisiones de investigación hacen juicios de oportunidad política que, “por muy sólidos y fundados que puedan ser, carecen jurídicamente de idoneidad para suplir la convicción de certeza que sólo el proceso judicial garantiza”. Y con esa premisa, el Parlamento de Navarra ha constituido una comisión de investigación que examinará las concesiones de obras realizadas por la Administración foral durante las últimas cuatro legislaturas. Da igual que el Gobierno de Uxue Barkos, a petición de Bildu, creara la Oficina Anticorrupción con el objetivo de “levantar alfombras” sobre las decisiones adoptadas por anteriores gobiernos (los de UPN) revisando “encomiendas de gestión y contratación”.

Y a pesar de no haber encontrado ni pelusas bajo esas alfombras, los actuales partidos gobernantes (PSN, Bildu, Geroa Bai y Podemos) se han empeñado en revisar, de nuevo, la contratación de obras por parte del último Gobierno de UPN con el fin de intentar camuflar el verdadero objeto de esa comisión, que no es otro que el de dilucidar si hubo una directriz política en la adjudicación de diferentes obras a una UTE en la que participaba Servinabar, esa empresa que, según informe de la UCO, está participada, en un 45 %, por el preso socialista Santos Cerdán.

Comisión de investigación que nace muerta porque la presidenta Chivite no acudirá; según ella, porque así lo han decidido los grupos parlamentarios, entre ellos, el del partido que dirige, el PSN. Chivite no podrá explicar por qué recibió en Palacio, hasta en cuatro ocasiones, al propietario de una empresa, Servinabar, que no aportaba nada al tejido empresarial de Navarra porque su único objeto era el de canalizar comisiones por obras públicas.

Nace muerta porque la expresidenta Barkos, bajo cuyo mandato se le adjudicaron cuatro obras al propietario de Servinabar, tampoco acudirá. Barkos bastante tiene con defender “su honorabilidad y la de su familia”, honorabilidad que ya tuvo que defender con el tema del cobro de dietas en el Ayuntamiento de Pamplona mientras era diputada; cuando su Gobierno concedió la primera ayuda de un millón de euros a esa fallida empresa llamada Davalor; y honorabilidad que tuvo que defender cuando su Gobierno adjudicó dos contratos a su hermano. Barkos tampoco acudió, esta vez como senadora con derecho a intervenir en la comisión de investigación del Senado por el caso Koldo, el día que compareció el propietario de Servinabar, evitando así tener que interrogar a quien parece conocer muy bien a tenor de cuchipandas sanfermineras compartidas y es propietario de la empresa que le pagó a su marido 4.840 € por un trabajillo patrocinado por Acciona.

Nace muerta porque no va a acudir el que fuera vicepresidente del primer Gobierno de Chivite, Javier Remírez, que a su vez fue consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, departamento que dio la vuelta a un informe técnico del Gobierno de Barkos que denegaba un recurso de la UTE Acciona-Servinabar solicitando unas modificaciones de plazo y un aumento de costes en la obra del Archivo de Navarra y que el departamento del entonces recién llegado, Javier Remírez, admitió. Nace muerta porque el actual vicepresidente del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, no dará explicaciones sobre dos reuniones que mantuvo a solas con el propietario de Servinabar; en una de ellas “intercambió reflexiones en el contexto del recién conformado gobierno de la Comunidad Foral”.

Nace muerta porque los actuales partidos que conforman y sustentan el Gobierno de Chivite (PSN, Geroa Bai, Bildu y Podemos), y que aprobarán las conclusiones de esa comisión, apoyaron en las leyes de Presupuestos de 2022 y 2023, y en una Ley de modificación de diversos impuestos y otras medidas tributarias, tres disposiciones adicionales que permitieron que el presidente de la mesa de contratación de los túneles de Belate, determinante con su puntuación en la elección del adjudicatario de las obras, permaneciera en su cargo tres años más (hasta los 73) de los cinco que ya se le habían excepcionado (de los 65 a los 70). Y comisión de investigación que nace muerta porque la preside Bildu, partido beneficiado políticamente de todos los tejemanejes de Otegi con el copropietario de Servinabar, el preso Cerdán.

Pero no deben importarnos tantas ausencias. Lo tranquilizador es que a esa comisión acudirán el gestor y el asesor del bar Franky. Me sorprende que no se haya citado también a los camareros y al repartidor de cerveza. El bar Franky, según un informe de la UCO, realizaba unas facturas a nombre de Acciona, por unos menús inexistentes, para que Koldo pudiera recibir calderilla por vete a saber qué trabajillos. Y eso, y no otra cosa, puede ser el detonante de toda la trama. Fíjate si se descubre que los menús facturados incluían albóndigas. Sería el nexo de unión con aquella famosa comida en Palacio en la que participó Acciona, en plena pandemia mientras todos los bares y restaurantes estaban cerrados, y en la que el Gobierno informó que se sirvió un menú estándar en el que, entre otras viandas, hubo albóndigas. Pues con eso, ya estarían las conclusiones hechas. En fin. Más vale que tenemos a la UCO y a la Justicia.

Chon Latienda Urroz es comentarista política.