La Política Agraria Común, conocida como PAC, no es una ayuda al campo. Es una política estratégica europea. Con ella se garantiza que los ciudadanos de toda Europa dispongan de alimentos sanos, seguros y a precios estables. También se financia la modernización agraria, la incorporación de jóvenes, las inversiones medioambientales o el apoyo a los pueblos, que sin esa red de ayudas verían comprometido su futuro.

Por eso, eliminar la política agraria y recentralizarla es destruir el sistema que garantiza alimentos seguros, pueblos vivos y autonomía alimentaria. La PAC no es una subvención, es garantía de nuestra correcta alimentación.

Esta semana, la Comisión Europea ha presentado una propuesta que lo pone todo en jaque: recortar el presupuesto agrario en más de un 20 %, suprimir el llamado segundo pilar —dedicado al desarrollo rural (ayudas a municipios, modernización, jóvenes, programas LEADER…)— y fusionar todos los fondos en un único programa multisectorial. Es decir: el campo pierde recursos, pierde voz y pierde capacidad de adaptación territorial. Todo ello a cambio de financiar otras políticas —también legítimas— como la defensa o la digitalización. Esta deriva política tiene nombres y apellidos: Ursula von der Leyen y Teresa Ribera están ejecutando una estrategia que debilita peligrosamente la autonomía alimentaria europea.

Es legítimo que Europa quiera reforzar la defensa. Desde UPN lo apoyamos. Vivimos en un mundo cada vez más inestable, y nadie discute que proteger nuestras fronteras y libertades exige recursos. Bueno, sí, lo discuten los socios de la señora Chivite.

Pero, del mismo modo que es necesario reforzar la defensa europea, resulta aún más urgente blindar nuestra capacidad alimentaria. ¿En qué cabeza pensante cabe que podamos tener un ejército propio, pero no podamos garantizar los alimentos propios? La seguridad no se limita a lo militar. Hay otros sectores —el energético, el digital y, por

supuesto, el alimentario— que, si sufren una crisis, nos dejan vendidos a terceros. Esto ya lo estamos sufriendo.

Por eso, recortar la PAC un 20 % mientras se sube el gasto en defensa es incoherente y, además, peligrosamente irresponsable. Porque no tiene sentido recortar la política alimentaria para financiar tanques. Porque sin agricultores no hay alimentos. Y sin alimentos no hay ciudadanos europeos que defender.

El campo europeo no ha tardado en responder. Las principales organizaciones agrarias ya se han movilizado en Bruselas y Luxemburgo. Y no lo han hecho para pedir más dinero, sino para evitar que se ponga en riesgo la seguridad alimentaria de Europa. Porque, si a quienes producen trigo, leche, cebada, carne, fruta o colza, se les imponen más normas, más trabas y menos apoyo, el resultado no será menor gasto: será menos alimento, más caro y menos seguro.

Desde Navarra, algunos llevamos meses advirtiendo de este escenario. Desde UPN alertamos de que Bruselas se planteaba reducir fondos y suprimir el segundo pilar. Y desde el Gobierno de María Chivite se nos acusó de alarmar, de exagerar, de precipitarnos…

Hoy la propuesta ya está sobre la mesa y el Ejecutivo foral se rasga ahora las vestiduras. En mayo, cuando UPN interpelaba al consejero sobre esta posibilidad, nos dijeron literalmente que “nos estábamos adelantando a los acontecimientos”. Que había que esperar. Que había que tener tranquilidad. Que no siempre gana quien golpea primero… Confiaban en el nuevo comisario luxemburgués de Agricultura. Pues bien: estamos viendo los resultados de esperar.

El Gobierno de Navarra ha caído otra vez en el error de esperar con los brazos cruzados mientras se decide el futuro del medio rural. Un medio rural que se juega más de 90 millones de euros solo en desarrollo rural —ese dinero que va directamente a los pueblos, a los ayuntamientos y a los emprendedores del campo—. Y eso sin contar los pagos directos que reciben agricultores y

ganaderos por producir alimentos. Una política agraria común que puede ver reducidos sus fondos en un 20 %.

Pero que nadie se engañe: esto no va solo del sector primario. Esto afecta a toda la sociedad. A quien vive en Tudela, en Sarriguren, en la Chantrea, en Elizondo o en Estella.

Porque, cuando desaparecen agricultores y ganaderos, no solo desaparecen los tractores: desaparece también la comunidad cercana, la producción propia y la autonomía alimentaria europea.

Los consumidores ya lo están notando: subida de precios, más productos de fuera, menos garantías sanitarias, laborales y medioambientales. Esa es la consecuencia directa de debilitar el modelo europeo de política agraria. Y lo más grave es que se pretende disfrazar de “modernización”.

La PAC no es un privilegio. Es un instrumento para que Europa no pierda su capacidad de producir alimentos. Para que haya relevo generacional, innovación y vida en nuestros pueblos. Pero, además, es la forma de alimentar a una sociedad cada vez más urbana. Y si se elimina ese sistema, no se elimina el gasto: se elimina una garantía social.

Es hora de decirlo claro: el campo no está llorando. Está avisando. Y si se le ignora otra vez, luego no valdrán los lamentos ni las promesas. Porque el día que falte comida o no la podamos pagar, no habrá solución rápida. Solo quedará una certeza: Europa se quedó sin campo porque no lo supo defender.

Miguel Bujanda es agricultor y parlamentario foral por UPN