7 de julio, día grande en Pamplona. Durante la Procesión en honor de San Fermín, mientras la Corporación, en Cuerpo de Ciudad, se dirige a la Catedral al encuentro del obispo y demás clérigos, se produce un momento de silencio en la calle Curia, momento que rompe el grito una mujer: “Asiron, ¿qué pasa con Maristas?”.

Esa pregunta, y en ese contexto, expresaba la desesperación de quien ya no encuentra cauce de interlocución ante un Ayuntamiento ni un alcalde que no ayudan a resolver sus problemas. Esa mujer representó a todos aquellos pamploneses y pamplonesas a los que sólo les queda la queja, después de que las políticas de EH Bildu y sus socios, y también del PSN al frente del Gobierno de Navarra, hayan dificultado hasta el extremo sus opciones de acceso a una vivienda, fundamentalmente a los más jóvenes, con el ejemplo claro de Maristas. La pregunta de esa mujer a Asiron es atinada, puesto que fue él quien introdujo en Pamplona a la promotora y gestora de la operación Maristas, constituyéndose en valedor de esta. Una gestora que, en palabras de los adjudicatarios de las viviendas de VPO de Maristas, les está obligando a hacer un curso, sino un máster acelerado, en derecho inmobiliario. Mientras, el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, lejos de aportar soluciones, suponen un muro contra el que los adjudicatarios se dan de bruces una y otra vez.

Esta espontánea señora fue una muestra del hartazgo de 84 familias ante unas instituciones que, mientras proclaman a los cuatro vientos el derecho de las personas a una vivienda digna, a ellos les impide de facto la compra de la vivienda que les ha sido adjudicada. Ambas administraciones son corresponsables de la situación. Las dos están obligadas a articular medidas para asegurar una vivienda a esos vecinos. Es obligación del Ayuntamiento de Pamplona procurar la ejecución del planeamiento en su integridad y por tanto habilitar medidas para que los promotores del PEAU lo desarrollen. Al mismo tiempo, le corresponde al Gobierno de Navarra asegurar a los cooperativistas de las viviendas de VPO de Maristas la adquisición de estas en las condiciones que establece la Ley Foral de Vivienda para las denominadas Viviendas de Protección Oficial. Y hasta ahora, ni uno ni otro han conseguido desbloquear la situación, ni siquiera arrojar luz a las familias que, ante una situación tan complicada, ven cómo las administraciones les han abandonado.

La realidad, por tanto, es clara: tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento han dejado tirados ya a muchos adjudicatarios de viviendas, personas que habían depositado su ilusión y su futuro en un proyecto de vida que hoy está paralizado o en riesgo. Se trata de familias que contaban con una vivienda adjudicada y que, sin explicaciones claras ni soluciones efectivas, ven cómo pasa el tiempo sin avances y con una incertidumbre creciente. La sangría es diaria: cada día que pasa sin respuesta ni compromiso real por parte de las administraciones supone más desgaste emocional, más proyectos vitales truncados y más confianza perdida en unas instituciones que, en lugar de proteger a los ciudadanos, los están abandonando.

Izaskun Zozaya Yunta. Concejal de UPN en el ayuntamiento de Pamplona.