La reciente desesperación de miles de pasajeros por el caos sufrido en Barajas y en el AVE esparce el reflejo de un Gobierno abonado al colapso y el sofoco. Aunque la corrupción constituye uno de los principal factores para desestabilizar un país, la gestión de los servicios públicos representa un ámbito más que sensible para la sociedad, sobre todo cuando no están a la altura o, como fue el caso, fallan con estrépito. La sucesión de agobios en la T4 y en la línea ferroviaria entre Madrid y Andalucía en pleno arranque de la temporada de verano empaña, y mucho, la imagen turística de España. Y también amenaza con agudizar la crisis de confianza en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya tocado por el caso Cerdán y obligado a pedir disculpas por los reiterados fallos en la red de transportes. Y que tampoco ha convencido con sus explicaciones del apagón que fundió el país a negro el pasado abril. 

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Las imágenes de colas colosales en la terminal y de viajeros atrapados en vagones durante toda una noche, son un descrédito para un país moderno que, además, se enorgullece de su importante movilidad en la Unión Europea. Es cierto que la red ferroviaria de España es muy potente. La más amplia de Europa en cuanto a tramos de alta velocidad, aunque aún lastrada por evidentes carencias como bien conocemos en Navarra. La renovación de maquinarias y una reorganización de líneas de escasa competitividad por sus elevados tiempos comerciales son algunas de las mejoras necesarias en la que debe profundizar el Gobierno. Fatigado por el impacto de la corrupción y a la espera de las medidas correctoras que anuncie hoy Pedro Sánchez en el Comité Federal, el Gobierno tiene en la gestión y, sobre todo, en el empuje de la economía una tabla de salvación. En un país que va camino de los 50 millones de habitantes y que fue visitado el año pasado por casi 100 millones de turistas, el transporte se ha convertido también en una pieza esencial para el funcionamiento de la legislatura.