La Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona tuvo lugar ayer en medio de una altísima tensión entre los dos partidos —PP y PSOE— que se reparten el gobierno de las instituciones de nuestro Estado compuesto, con una sintonía rebajada a mínimos en las relaciones entre el Ejecutivo central y la mayoría de los autonómicos. La insistencia de los representantes territoriales populares en reclamar al presidente Pedro Sánchez una pronta disolución de las Cortes, y la convocatoria por parte de Alberto Núñez Feijóo de una concentración mañana en Madrid bajo el lema ‘Democracia o mafia’ no auguraban un encuentro más constructivo. Especialmente después de que el Gobierno Sánchez optase por introducir literalmente en el orden del día todos los temas apuntados por las distintas autonomías hasta hacer de la conversación una sucesión de soliloquios imposible de reconducir hacia un texto resolutivo.

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De modo que tanto las propuestas con las que Sánchez buscaba tomar la iniciativa tras los diez días de Leire Díez y las semanas de whatsapps —vivienda, educación, … — como las demandas de los presidentes autonómicos, una a una, quedaron automáticamente aparcadas en la vía mortecina de un diálogo ordinario inexistente. El discurso autocomplaciente en lo económico de Pedro Sánchez no sirve para eludir las dificultades que encuentra el Gobierno a la hora de aportar algo de su propia cosecha a los datos optimistas de la coyuntura. Otro año sin Presupuestos Generales del Estado, en parálisis legislativa y en un zurcido continuo del ‘bloque de investidura’. Tras meses recurriendo al victimismo de sentirse acosado y perseguido por el PP, Pedro Sánchez no puede alegar que la falta de resultados de la Conferencia de Presidentes de ayer se debe a que Alberto Núñez Feijóo no le ayuda a dar sentido a la legislatura. Cuando ese es precisamente el motivo por el que en las democracias europeas se adelantan las elecciones.