La jornada celebrada en Tudela el pasado día 23 de mayo, titulada Infraestructuras y Sostenibilidad del Agua en Navarra, cuantificó con cifras aportadas por Riegos de Navarra los volúmenes de agua necesarios en el futuro para riego procedentes del Embalse de Itoiz. Se puso de manifiesto la no utilización de un volumen de 75 Hm3 de la concesión, es decir, perdida del 22% del disponible.

Para hacerse una idea de la magnitud de lo que pudiera suponer esa pérdida, equivaldría a cuatro veces la capacidad del Embalse de Eugui o la del Embalse de Alloz.

La ley de aguas es bien clara en su articulado, manifestando que “las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación”.

Quiere ello decir que, aplicando estrictamente esta ley, no se utilizarían con los actuales planes de riego del Canal de Navarra esos 75 Hm3.

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Ante esta realidad, se corre el riesgo de poder perderlos para la Comunidad foral a no ser que el Gobierno de Navarra recupera la titularidad de esa concesión, inexplicablemente e incomprensiblemente cedida, y la destinase a incrementar la zona regable de la segunda fase.

Preocupa el comprobar cómo el Gobierno de Navarra no tiene planes para aprovechar ese sobrante de agua a pesar de haber excluido en la segunda fase a más de quince municipios de La Ribera.

Para comprender lo que se hizo con la titularidad de la concesión habría que recurrir a su historia, comenzando en 1993, cuando se iniciaba la construcción del Embalse de Itoiz. En aquellos años, no se sabía de quién era el agua y a qué se iba a destinar. El Gobierno de Navarra, adelantándose a cualquier determinación, solicitó a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) su reserva para su uso en Navarra.

La CHE destinó la totalidad del agua del embalse de Itoiz pasase a reservarse para Navarra, firmándose con la CHE un documento que así lo acreditaba en favor del Gobierno de Navarra.

Esta situación de reserva se convierte en 2004 en concesión, es decir, se consolidaba esa determinación en favor de Navarra y de los navarros, ostentando la titularidad el Gobierno de Navarra. Así fue inscrita en el registro de aguas de la CHE con un reparto de 340 h3 para riego y 60 hm3 para abastecimiento.

El Gobierno de Navarra era el depositario de ese bien público, el cual se repartiría entre los futuros usuarios del Canal de Navarra a medida que avanzase su construcción.

En el año 2007 se produce un hecho importante que cambiaría la titularidad y el control sobre ese agua como bien que debería ser administrado y repartido por el Gobierno de Navarra.

El Gobierno decidió desprenderse y trasferir la titularidad de la concesión de los 340 hm3 de agua para riego a la recién constituida Comunidad de Regantes del Canal de Navarra. En aquel año, solo estaba delimitada la primera fase, se regaban unas pocas hectáreas y nada se sabía de la segunda fase. A pesar de ello, se le entregaba la totalidad del agua de riego.

Con la perdida de la titularidad se produce un hecho insólito como supuso un desequilibrado reparto de funciones en las que el Gobierno asumía la totalidad de la parte planificadora, ejecutiva y financiera de todas la zonas regables, pero sin ser el titular de la concesión. Y como consecuencia, no poder repartir el agua entre los futuros usuarios.

A partir de aquel año cambiaron las planificaciones iniciales.

En el año 2011 se decidió paralizar y no continuar la obra del Canal hacia la Ribera. Se finalizó la puesta en riego de la primera fase y se decidió desviar el Canal para ampliar esa fase.

Uno de los hechos más importante, que puede explicar la posible pérdida de agua, se produjo en el año 2015, en el que por un procedimiento administrativo viciado del que no se conoce información pública se trocearon en dos partes los 340 Hm3 de la concesión para riego. La primera fase y su ampliación se reservaba tal cantidad de agua que era imposible ser utilizada en el futuro, pero que inscribieron en los registros de la CHE, por 222 Hm3. De ellos, no se utilizarían los 75 Hm3. La segunda fase recibiría el sobrante de la concesión para con ello planificar una zona de riego que excluía a una gran parte de La Ribera.

Ante esta realidad, y ante el riesgo de pérdida de agua para Navarra, al Gobierno de Navarra le corresponde preocuparse para que ello no ocurra, trabaje en recuperar la titularidad de este volumen de agua para poder ser utilizada y resarcir con ello a la Ribera.

José-Cruz Pérez Lapazarán. Ex consejero del Gobierno de Navarra